Los acuerdos especiales son una figura jurídica recogida en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, una especie de 'mini convenio' para los conflictos armados internos, que cuentan con escasa regulación en el Derecho Humanitario.
Este precepto obliga a las partes a tratar a las personas que no participen directamente en las hostilidades "con humanidad" y a "hacer lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones" de los Convenios de Ginebra.
"Las FARC están reconociendo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, nuestra Constitución, nuestras leyes y los poderes que emanan de esa Constitución", ha dicho Santos desde Londres, donde ha participado en la cumbre anticorrupción.
Santos ha subrayado que es algo importante "porque las FARC venían desconociendo la Constitución, es más, combatiéndola". "Y lo que hacen en este momento es todo lo contrario: reconocer la Constitución", ha valorado, según informa la Casa de Nariño.
Además, los acuerdos especiales suponen "un paso importantísimo" para dar seguridad jurídica a los acuerdos de paz. Santos ha explicado que tanto al Gobierno como a las FARC les interesa que "se garantice que no va a haber cambios", "su permanencia en el tiempo".
Una vez resuelto el blindaje a los acuerdos de paz, ha confiado en que los equipos negociadores cierren cuando antes los puntos relativos al fin del conflicto y la refrendación y verificación de lo pactado. "Espero que allá lleguemos muy pronto", ha dicho.
CRÍTICAS
El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha acusado a Santos de "someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y el Gobierno", en lo que ha considerado "una acción incompatible" con la Constitución.
Dado que como presidente juró respetar la Constitución, el procurador ha advertido a Santos de que podría haber "consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos".
En la misma línea, el Centro Democrático, el partido político del ex presidente Álvaro Uribe, ha considerado que se trata de "un golpe de Estado a la democracia colombiana" y ha reiterado su llamamiento a la "resistencia civil" contra lo firmado en La Habana.
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