Senadora del PT brasileño Gleisi Hoffmann será juzgada por corrupción en Petrobras

La senadora brasileña Gleisi Hoffmann, una de las mayores defensoras de Dilma Rousseff durante el impeachment, será juzgada por la corte suprema, acusada de financiar su campaña con dinero desviado de la estatal Petrobras, informó este martes el tribunal.

La corte aceptó la denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero presentada por la fiscalía general contra la senadora y su marido, Paulo Bernardo, exministro de Planificación de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015).

"Están acusados de solicitar y recibir un millón de reales (unos 310.000 dólares) del esquema de corrupción en Petrobras para la campaña de Gleisi (Hoffmann) al Senado en 2010", detalló la asesoría de comunicación del Superior Tribunal Federal.

Un empresario llamado Ernesto Kugler Rodrigues también deberá enfrentar un proceso penal por este caso.

El juicio "será una oportunidad para defenderme que no tuve en las otras instancias, ni en la Policía Federal y mucho menos en la procuraduría", dijo la senadora a periodistas en el Congreso.

La defensa de Hoffmann afirmó que no existen pruebas para formular los cargos, realizados en base a los testimonios del exdirector de Abastecimientos de Petrobras Paulo Roberto Costa, y del operador del mercado ilegal de cambios Alberto Youssef, ambos delincuentes confesos que colaboran con la justicia a cambio de una reducción en su condena.

Hoffmann tuvo un papel protagónico durante la etapa final del proceso que destituyó a Rousseff. Su afirmación de que los senadores que la removieron del cargo no tenían moral para juzgar a la ahora exmandataria desató uno de los choques más ásperos de todo el proceso.

Su esposo es investigado en otra causa por el pago de más de 100 millones de reales (unos 32 millones de dólares).

El fraude a Petrobras revelado por la "Operación Lava Jato" consistió en una red de grandes empresas que se confabularon con partidos políticos y directivos de la estatal para manipular las licitaciones de las obras, cobrar sobreprecios, y luego usar los excedentes para enriquecerse y financiar campañas.