Esta Ley, según la sentencia, adjudica al Estado competencias que son de las comunidades autónomas. Por ello, 3.000 ayuntamientos de toda España y varias comunidades autónomas presentaron recurso.
Todos esos recursos finalmente han prosperado, con lo que la sentencia "da la razón a todas aquellas instituciones que dijeron que la nueva Ley no ayudaba a resolver ningún problema de los que tienen a la hora de prestar servicios, ni de competencias ni de financiación".
El primer edil de Soria considera que esta sentencia saca no solo "las vergüenzas del Gobierno de España por no redactar una Ley según lo que necesitaban los vecinos, sino también las del Gobierno de Castilla y León por no haber recurrido a pesar de que sí se había mostrado en contra ante los medios".
Lamenta Carlos Martínez que la sentencia confirme que la competencia de los servicios sociales sea de las comunidades autónomas, pero que los tengan que seguir prestando los ayuntamientos, "sin ninguna retribución a cambio, pagándolos con los impuestos de los vecinos".
Una parte de la sentencia del Constitucional asegura que, aunque la Ley de Reforma Electoral equivoca las competencias, el Gobierno sí tiene otros mecanismos y la potestad de variar la regulación administrativa del país. U
na vez más, Carlos Martínez ha subrayado su idea de que hay que proceder a esa reforma de todas las administraciones, desde las locales hasta las estatales.
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