El TSJA sentenció en mayo que la funcionaria debía permanecer al menos seis meses más en la ciudad autónoma, donde trabaja desde 2010 y en la que tiene marido y dos hijos de cuatro y dos años, tras apreciar que la primera resolución de cese, que le fue comunicada durante su segundo periodo de lactancia, había respondido a "razones relacionadas esencialmente con su condición de mujer o, en cualquier caso, ofreciendo a la actora un tratamiento distinto al dispensado a otros funcionarios en su misma situación". El mismo día que vencía ese plazo supo de su nuevo cese "sin informe positivo ni negativo" de la Jefatura Superior local.
El tribunal considera, según su auto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, que "en la resolución recurrida se dice que se acuerda el cese en cumplimiento de la sentencia de mayo por haber transcurrido seis meses de la comisión de servicio pero lo cierto es que en la misma, aunque efectivamente hace referencia a que la actora ha de permanecer en comisión de servicio durante seis meses, no esta autorizando a que pasado ese tiempo se acuerde nuevamente su cese en dicha situación sin justificación alguna".
La resolución quiere oír a la Dirección General de la Policía Nacional en el plazo de tres días "sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida", ordenada al apreciar que en el caso concurrenn"circunstancias de especial urgencia" que amparan su "excepcional proceder".
A falta de más información, la "falta de motivación" repetida es, para el Tribunal, indicio de que la última resolución de cese está "en idéntica situación" que la considerada nula de pleno derecho en mayo. "Con los datos con los que ahora contamos", resume el auto, "la cuestión sometida a nuestra consideración ya ha sido objeto de pronunciamiento anteriormente y la resolución ahora recurrida se basa, precisamente, en la anterior sentencia de esta Sala".
Finalmente, el auto aduce que mientras que es evidente el daño que se causaría a la agente sacándola de Ceuta, para la Administración "ningún daño aparente se produce a los intereses generales" teniendo en cuenta la "reconocida precariedad de personal" existente en la Jefatura Superior de la Policía Nacional.
Sindicatos como la Confederación Española de Policía (CEP), partidos políticos como el PSOE y Ciudadanos (C's) de Ceuta y otras entidades sociales de la ciudad autónoma han instado a la Delegación del Gobierno y al Ejecutivo autonómico a "interceder" en el caso.
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