El TC se pronunciará este lunes sobre la resolución de "desconexión" de Cataluña

Este lunes, a partir de las doce y media de la mañana, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunirá para decidir sobre la petición del Gobierno para que abra la vía penal tras la aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de una resolución que da inicio al proceso de secesión.

El Ejecutivo ha emplazado al tribunal a "deducir testimonio de particulares" para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Carmen Forcadell, presidenta de la Cámara catalana, para que, "en su caso", se pueda proceder penalmente contra ella.

Por otra parte, existe un incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado que también pide al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes -entre ellos el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont- que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".

El Ejecutivo reclama que se les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

Cabe recordar que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han hecho valer el pasado 27 de julio su mayoría absoluta de 72 diputados en el Parlament para aprobar las conclusiones del proceso constituyente, que abren una vía unilateral a la independencia, desobedeciendo así al Tribunal Constitucional para aplicar el "mandato democrático" del 27-S.

Durante la tensa votación, los diputados de Ciudadanos y PPC abandonaron el hemiciclo para desentenderse del resultado, mientras que los parlamentarios del PSC permanecieron en sus escaños pero no ejercieron su derecho al voto y los diez de Catalunya Sí que es Pot presentes en la cámara votaron en contra.

El Tribunal Constitucional ya apercibió contra "la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del Estado catalán independiente".

En esa oportunidad emplazaba "a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados".

El Gobierno, en tanto, quiere que se imponga a los responsables del Parlament la prohibición expresa de convocar a los órganos de la Cámara para debatir y votar ninguna iniciativa que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada.

También que Puigdemont y sus consejeros no puedan tramitar propuestas legislativas, dictar normas de rango reglamentario o llevar a cabo cualquier iniciativa que pueda dar cumplimiento a esta resolución, advirtiéndoles de las responsabilidades en caso de incumplir, incluidas las penales.

Por todo lo expuesto, este lunes será crucial: los magistrados del Constitucional decidirán qué medidas toman ante ese nuevo desafío y si, como ha pedido el Gobierno, abren la vía penal contra la presidenta del Parlament, además de declarar nula y sin efecto jurídico alguna la declaración de la cámara.