El Constitucional suspende tres leyes catalanas y Puigdemont ofrece otra

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca del recurso presentado por el Gobierno español, a finales del mes pasado, sobre tres leyes del gabinete de Puigdemont: la ley que grava las viviendas vacías, la de los gobiernos locales y la ley de igualdad entre hombre y mujeres.

La admisión supone la suspensión de la vigencia y aplicación de los tres preceptos impugnados como consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece que "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Según explicó el pasado 22 de abril el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno impugnaría la ley que establece un impuesto a las viviendas vacías porque ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Un nuevo tributo sobre el mismo hecho, ha dicho, incurre en "vicio de inconstitucionalidad".

Las otras dos leyes afectadas, recurridas porque el Gobierno central estima que invaden sus competencias, son la Ley 16/2015 relacionada con la actividad de los gobiernos locales y la Ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Catalá justificó estos recursos en el "el ejercicio normal de las competencias de cada administración pública cuando considera que otra se ha extralimitado en sus competencias". El Gobierno, ha dicho, ha impugnado 30 leyes catalanas, igual que la Generalitat ha impugnado casi medio centenar del Gobierno central.

La ley de igualdad efectiva fijaba a diferentes políticas públicas dirigidas a promover la igualdad efectiva y empoderamiento, reconoce el papel de las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres, establece que en la contratación y a la hora de destinar ayudas se prioricen empresas y entidades que tengan planes de igualdad y determina que debe haber paridad en los órganos colegiados, tribunales y órganos técnicos de selección de las administraciones.Aprobados dos recursos catalanes contra la ley de Protección Civil

Además, el Constitucional ha admitido a trámite otro recurso, en esta ocasión presentado por la Generalitat, contra varios artículos de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. El tribunal de garantías ha dado un plazo de quince días para personarse en el procedimiento o formular alegaciones.

El recurso fue presentado el 5 de abril alegando el Govern que esta norma limitaba el ejercicio de los poderes y las facultades reconocidas a la Generalitat. Asimismo, argumentó que contenía un "gran número de inconcreciones" y "conceptos genéricos" que no permitían acotar aquellos aspectos recogidos en la ley.Impulso de una nueva ley de emergencia social El presidente de la Generalitat catalana,Carles Puigdemont, ha anunciado este martes que impulsará una nueva ley de emergencia social para sortear los recursos que el Gobierno central ha presentado al Tribunal Constitucional (TC) contra normativas catalanas contra pobreza energética y desahucios."Será un proyecto de ley en lectura única que regulará todos los derechos de los catalanes que el Gobierno central ha querido limitar presentando recursos", ha explicado en una comparecencia sin preguntas desde la Generalitat tras la reunión que ha convocado con partidos, alcaldes y entidades para abordar los recursos del Estado contra normativas del Parlament en materia social.La lectura única es el procedimiento legislativo que recoge el Parlament que permite legislar con más urgencia, y la norma recogerá todo lo relativo a la emergencia social con el objetivo de "dejar sin efectos prácticos" las suspensiones del Alto Tribunal.