El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado enviar a juicio al expresidente catalán Artur Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N tras su suspensión por el Constitucional.
En un auto, el magistrado del TSJC José Francisco Valls ha descartado que los encausados incurrieran en otro de malversación de caudales públicos, como el que plantea la acusación popular, lo que habría supuesto un la pena a prisión en caso de condena.
A pesar de que la Fiscalía había incluido este delito inicialmente en su querella, más tarde lo desechó porque la mayoría de los gastos que generó el 9-N fueron "comprometidos con anterioridad" a la suspensión dictada por el Constitucional, pese a que algunos trabajos se pagaran después. "No puede tipificarse la desviación de fondos públicos a fines no autorizados cuando aún no había recaído la citada providencia", sostiene el TSJC.Simuló dejar la consulta en manos de voluntarios
El auto reprocha que Mas, "auxiliado" por Ortega y Rigau, "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión ordenada por el TC. Desde el día 4, el Gobierno catalán simuló dejar la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, según los jueces, permitió que los trabajos encargados a empresas privadas para el 9-N siguieran adelante.
De esta manera, los días 7 y 8 de noviembre, dos empresas (T-Systems y Fujitsu) entregaron e instalaron los programas informáticos necesarios para la consulta en los 7.000 ordenadores portátiles comprados expresamente para la jornada.Sin pena de prisión
La Fiscalía de Cataluña reclama diez años de inhabilitación para el ex presidente Artur Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación mientras que rebaja a nueve la petición de pena a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera de Educación y actual diputada de Junts pel Sí, Irene Rigau.
Los delitos que se les imputan, en consecuencia, no tienen aparejada una pena de prisión. Así, según el artículo 404 del Código Penal, "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".
Por otro lado, según el artículo 410, "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Tras presentar sus escritos de defensa, el TSJC fijará fecha para el juicio, que celebrará la Sala Civil y Penal del tribunal catalán.
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