El plazo con el que ya contaba la magistrada para trabajar únicamente en la sentencia de Nóos concluía el 5 de diciembre, motivo por el que solicitó que le fuese ampliado. No obstante, ello no implicará que la sentencia deba dictarla obligatoriamente antes de marzo.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio tras más de seis meses en los que el tribunal puso la lupa sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, y que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados a un miembro de la Familia Real, la Infanta Cristina, bajo una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
Desde que el 11 de enero arrancase el juicio, además de los 17 acusados de la causa comparecieron más de 300 testigos y numerosos peritos cuyo interrogatorio fue dirigido a esclarecer el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a través de los distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.
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