Golpe a Maza: el TSJM propone juzgar al expresidente Pedro Antonio Sánchez

Tras la dimisión del exfiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, por su participación en una sociedad en Panamá, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acaba de recibir un nuevo golpe. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) acaba de procesar al expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP) por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. La decisión llega después de que el jefe de la fiscalía ordenara a Anticorrupción, en contra de las fiscales del caso, que se opusiera a que fuera imputado.

El auto del TSJM llega con una rapidez inusitada. Las diligencias contra el expresidente se iniciaron el pasado 26 de mayo y esta misma mañana, Pedro Antonio Sánchez, ha declarado ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal encargado de instruir el caso, Enrique Quiñonero. Ayer mismo, el propio Maza, acusó a la “lentitud procesal” de “pudrir el sistema social”, durante un acto en León.

El auto del TSJM da total validez a la investigación de Eloy Velasco, el instructor del caso Púnica que se inhibió a favor de ese tribunal al que está aforado Pedro Antonio Sánchez. “Todos estos datos dan cuenta del proceso completo de concertación entre los investigados”, el propio Sánchez y el miembro de su gabinete David Conesa.

Ambos, según la investigación, se reunieron con uno de los conseguidores del caso Púnica, Alejandro de Pedro, para que, en noviembre de 2014 realizara trabajos de reputación online con el objetivo de mejorar la imagen del expresidente de cara a las elecciones en que resultó elegido. Para sufragar esos trabajos -con un coste de 4.600 euros al mes durante siete meses- se acordó el desvío de fondos públicos de la Consejería de Educación de Murcia que dirigía entonces Sánchez mediante contratos simulados de formación.

Las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, se negaron a firmar un escrito enviado al juzgado de Velasco en el que se oponían a que el instructor enviara el caso a Murcia. Al final, fue la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, la que tuvo que suscribir el documento por orden de la Fiscalía General del Estado.