Telecable asegura que sí informó de la subida de tarifas, aunque no con la antelación exigida por ley

Fuentes de Telecable han matizado a Europa Press la versión de la organización de consumidores Facua. En una nota de prensa, esta entidad aseguraba este miércoles que la sanción se debía a que la subida tarifaria se había aplicado "de forma unilateral sin informar a los usuarios de su derecho de desistimiento, esto es, de poder resolver el contrato sin tener que pagar penalización alguna".

La empresa ha recalcado que sí avisó, pero que lo hizo con 22 días de antelación y no 30, como exige la ley. Ha explicado también que la sanción a la que se enfrenta es de 1.200 euros.

La resolución sancionadora de la Agencia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Asturias, llega tras la denuncia presentada por la asociación FACUA-Consumidores en Acción en noviembre de 2015 tras constatar que Telecable advertía a sus clientes de que, a partir del 1 de enero de 2016, les empezaría a cobrar dos euros más.

Según la versión de Facua, la empresa modificaba de esta forma, y de manera unilateral, las condiciones de los contratos suscritos con los usuarios. Sin embargo, en la carta que les fue remitida, Telecable no informó en ningún momento del derecho de desistimiento que asiste a aquellos clientes que no estén conformes con la subida de las tarifas.

FACUA argumentó en su denuncia que al no informar expresamente en forma alguna de ello, la empresa vulneraba el Real Decreto 899/2009, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de servicios de comunicaciones electrónicas, y que estipula que "los operadores deberán notificar al usuario final las modificaciones contractuales con una antelación mínima de un mes, informando expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna".

REEMBOLSO DE LAS CANTIDADES

FACUA reclamó a la Agencia de Salud medioambiental y Consumo que anulase dicha subida y que reembolsara todos los importes que Telecable haya podido cargar a sus clientes como consecuencia de sus nuevas tarifas.

Así, la resolución advierte de la apertura de expediente sancionador a la empresa de telecomunicaciones "por incumplimiento de las normas relativas a documentación e información establecidas obligatoriamente como garantía para la protección del consumidor y usuario".