Según la Unión General de Trabajadores "el Gobierno eliminó o dificultó el derecho a la sanidad de los inmigrantes por motivos ideológicos, para que trabajadores y trabajadoras volvieran a sus países de origen; económicos, porque si no son asegurados de España, no tienen que pagar al país de emigración, y políticos, porque esta medida disuade a muchos emigrantes españoles de registrarse en las oficinas consulares y así parece que no se han ido".
El Real Decreto 16/2012, y sus normas de desarrollo, continúa, "ha supuesto la exclusión sanitaria de unas 844.00 personas de nacionalidad comunitaria y no comunitaria, una exclusión que, además de costar vidas y poner en peligro la salud, se extienden a las familias, incluso a los menores de edad que, en teoría, tienen reconocido el derecho en cualquier caso".
Asimismo, advierte de que, aunque varias comunidades autónomas han intentado extender la cobertura sanitaria a determinados supuestos, "solo mediante una Ley de carácter estatal que nos devuelva a la situación anterior, se podrá garantizar el derecho a la salud del conjunto de la población".
A su juicio, el Gobierno "no quiere a quienes no pertenezcan a la élite de los inversores o las personas con "talento" o dinero. Y eliminar la asistencia sanitaria es uno de los alicientes que ha encontrado este Ejecutivo para que trabajadores y trabajadoras se vuelvan a su país de origen".
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