UGT cree que la Junta actuó por "pánico" al abrir expedientes de reintegro y rechaza que Díaz "minusvalore" la formación

El sindicato UGT-A cree que la apertura por parte de la Junta de los expedientes de reintegro "no fue fruto de la detección de alguna irregularidad sino del pánico en la Junta ante las noticias publicadas",

tras lo que ha rechazado "la forma en que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, minusvaloró la formación durante su comparecencia", toda vez que el sindicato considera que la formación para el empleo "es un derecho de los trabajadores, no un negocio".

En una nota, UGT-A ha emitido su posicionamiento tras la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la comisión de investigación de los cursos de formación en el Parlamento andaluz, donde ha dejado claro que "todos y cada uno de los expedientes relativos a cursos de formación, incluido el 98/2009/J/217, han sido justificados en tiempo y forma por esta organización".

El sindicato ha mostrado su "apoyo incondicional" a los trabajadores del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), que han desarrollado "siempre" un trabajo "encomiable", de manera que los costes justificados de todos los trabajadores de esa fundación vinculados al expediente 98/2009/J/217, incluidas las nóminas, "responden a gastos reales, relacionados de manera indubitada con la actividad subvencionada y aplicables a la finalidad del programa, acciones formativas de formación profesional para el empleo".

UGT-A ha recordado que en los procedimientos judiciales iniciados contra la apertura de expedientes de reintegro por parte de la Junta, de los cuales hay dos que ya han sido objeto juicio, los órganos jurisdiccionales "han dado la razón a esta organización".

Considera que la apertura por parte de la Junta de estos expedientes "no fue fruto de la detección de alguna irregularidad sino del pánico en la Junta ante las noticias publicadas en los medios de comunicación", tras lo que ha reiterado que UGT "ha justificado siempre todos los programas en tiempo y forma tal como se establecía en la normativa de aplicación".

RECTIFICACIÓN DEL PP

UGT-A asimismo ha exigido a la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero una rectificación pública "porque mintió al decir que 'parte del dinero que la Junta reclama a UGT son nóminas que se han cobrado indebidamente'", toda vez que, según asegura el sindicato, "ni en IFES se han cobrado indebidamente nóminas, ni ese es el objeto de las resoluciones de reintegro instadas por la Junta y hasta la fecha desestimadas por los órganos jurisdiccionales".

Ha recordado además que "aún no se ha acreditado ante ningún órgano judicial que esta organización cometiera alguna irregularidad en la gestión de los cursos de formación, algo que tendrá que dirimir la Justicia", por lo que hasta entonces exige a todos, diputados y comparecientes, la presunción de inocencia.

"No vamos a consentir que se falte a la verdad pretendiendo hacer creer a la ciudadanía que los procedimientos instados por la Administración a UGT tienen su origen en una actuación delictiva, lo cual no sólo es falso, sino que atenta gravemente contra la imagen y el honor de esta organización", ha aseverado el sindicato.

RECHAZO A LAS FORMAS

Asimismo, UGT-A ha rechazado "la forma en que la presidenta de la Junta minusvaloró la formación durante su comparecencia", toda vez que ha recordado que la formación para el empleo "es un derecho de los trabajadores, no un negocio; es una herramienta fundamental para crear empleo de calidad".

El sindicato ha recordado que ha desarrollado la tarea de formación "sin ningún ánimo de lucro", apuntando que "todos los fondos destinados a formar a los trabajadores han tenido siempre carácter finalista, es decir, se han destinado íntegramente a mejorar la capacidad de inserción laboral del trabajador".

La central sindical ha puesto de ejemplo que durante los años 2011 y 2012, UGT formó en Andalucía a más de 32.000 trabajadores ocupados a través de 1.300 acciones formativas. En cuanto a los desempleados, se formó a 8.700 personas a través de 516 acciones formativas.

Por todo ello, UGT-A exige a sus representantes en las instituciones públicas que "no juzguen, que no hablen de facturas falsas cuando todavía, a día de hoy, ningún juez ha dictado sentencia; dejemos a los jueces trabajar".