(VÍDEO)CATALÁ DEFIENDE PONER “LÍMITES” A LA ACCIÓN POPULAR TRAS EL CASO DE MANOS LIMPIAS Y AUSBANC

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, es partidario de poner “algunos límites” a la acción popular, aunque “sin restringirla radicalmente”, después de lo sucedido con Manos Limpias y Ausbanc, cuyos responsables han sido encarcelados por haber usado presuntamente su personación en los tribunales para extorsionar a potenciales perjudicados de esas causas.
En una entrevista con Servimedia, Catalá señaló que la figura de la acción popular puede revisarse tras lo ocurrido con Manos Limpias y Ausbanc, episodio que, dijo, ha mostrado que “los que parecía que eran los paladines del derecho se han convertido en unos villanos que presuntamente cometían delitos”, como la extorsión o la coacción.
Asimismo, el titular de Justicia señaló que es “imprevisible” saber qué puede suceder con las causas en las que alguna de estas dos organizaciones estaban personadas, como el ‘caso Nóos’.
No obstante, respecto a este último proceso y a la acusación contra la infanta Cristina, señaló que “quien tiene una representación es el que puede disponer de esa acción” y “mientras ellos no renuncien al ejercicio de la acción, el proceso sigue adelante”.
“TÉRMINOS RAZONABLES”
En todo caso, Catalá defendió que, dentro del pacto nacional de Justicia que defiende para la próxima legislatura, “quizás el papel de la acción popular puede matizarse, poner algunos límites, sin restringirla radicalmente, pero sí llevarla al contexto de países de Europa donde existe, pero con una limitación”.
Argumentó que “a veces se cometen este tipo de excesos o deformaciones de lo que surge como un ejercicio de fortalecimiento de las garantías para la investigación de delitos y al final, lamentablemente, puede acabar convertido en un instrumento de extorsión”.
Respecto a por dónde podrían ir los cambios de la acción popular, señaló que habría que fijarse en los modelos de otros países europeos, como Francia y Alemania, donde esta figura jurídica está limitada por un interés directo en las causas o restringida a determinados delitos. En todo caso, recalcó que el PP está dispuesto a analizar esta cuestión “con total apertura, viendo doctrina internacionalmente comparada y aprendiendo de las mejores prácticas”.
Concluyó que se trata de que “sin restringir una garantía y derecho de nuestro sistema jurisdiccional”, la acción popular pueda ser situada “en términos razonables”.