ZOIDO INTRODUCIRÁ “DISTINTAS MODIFICACIONES” EN LOS CIE

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció hoy en el Congreso que introducirá “distintas modificaciones” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), aunque defendió que estas instalaciones son un “instrumento eficaz y necesario” para aplicar la legislación europea y española en materia de inmigración.
Zoido se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Baja, donde la diputada Irene Montero, de Unidos Podemos, le emplazó a aclarar si en los CIE se cometen torturas y malos tratos.
A este respecto, el ministro señaló que en los centros de extranjeros “no se vulneran los derechos humanos ni tampoco se producen torturas” y aseguró que España tiene uno de los “sistemas más garantistas” de la UE en cuanto a las garantías para las personas que están en estas instalaciones.
El responsable de Interior añadió que los CIE se han demostrado como un “instrumento necesario” de la política inmigratoria, pero destacó que “aquellas actuaciones que haya que corregir, serán corregidas”, tanto en lo que se refiere a medios materiales como personales.
“PROTOCOLO” EN MARCHA
Zoido explicó que su ministerio está preparando “un protocolo para ver qué medidas tenemos que tomar” respecto a los centros de extranjeros y emplazó a los partidos a hablar de las “distintas modificaciones que se van a efectuar” en estas instalaciones. No obstante, el ministro se mostró convencido de que a Montero no le complacerán estos cambios, porque esta diputada “no cree en los CIE ni muchas veces en la aplicación del Derecho comunitario”.
Este sentido, la parlamentaria de Unidos Podemos dijo que en su formación están “muy preocupados” por la situación de los CIE, puesto que, cuando menos, hay indicios de “maltratos verbales”. Además, atribuyó que no haya datos ni sentencias de torturas en estos centros a “que no se investiga”, pero resaltó que hay jueces que han alertado de que privar de su libertad a una persona por una falta administrativa ya es en sí mismo una vulneración de los derechos humanos.
Montero defendió que estos centros de extranjeros son “ineficaces” y cuestan más de ocho millones de euros a los españoles, por lo que reiteró la demanda de su partido de que estas instalaciones sean cerradas.