Abdicación. El rey perderá la protección judicial mientras el gobierno aprueba una ley específica para él

El rey Juan Carlos perderá la inmunidad judicial de la que goza actualmente y será vulnerable en los tribunales desde el momento en que entre en vigor la abdicación y hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe una ley específica que le proteja con un nivel similar al de los cargos públicos aforados.
Así lo explicaron fuentes conocedoras del proceso que la Casa Real y el Ejecutivo han puesto en marcha para desarrollar la abdicación del Rey de España en favor del Príncipe de Asturias, su hijo Felipe de Borbón.
Aunque las partes implicadas llevan más de un mes trabajando en resolver todos los interrogantes jurídicos que se abren con la renuncia al trono del Monarca, la inmunidad del Rey desaparecerá en el mismo momento en que se publique en el BOE su abdicación y Felipe de Borbón asuma la Jefatura del Estado.
El Gobierno es partidario de promover un cambio legislativo para devolver cierta protección al Monarca, aunque las fuentes consultadas aseguraron que "no puede volver a tener inmunidad", como le sucede actualmente.
La reforma legislativa dependerá de la decisión que adopten las Cortes Generales y, para ello, en La Moncloa se apuntan a dos posibles vías: un decreto ley específico para resolver estas cuestiones jurídicas o una enmienda de los grupos parlamentarios en la Ley Orgánica del Poder Judicial que van a tramitar las Cortes Generales, donde ya estaba previsto incluir una protección de aforado para la consorte y los hijos del Monarca.
La primera fórmula podría entrar vigor de forma inmediata, en cuanto el Consejo de Ministros aprobara un decreto ley. Sin embargo, si se espera a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial habría que esperar todo el trámite del Congreso y el Senado, lo que podría conllevar unos seis meses.
En cualquier caso, el Gobierno y la Casa Real están analizando tanto esta situación como el resto de las incógnitas pendientes de resolver. Entre ellas está la del tratamiento que tendrán don Juan Carlos y doña Sofía una vez que dejen de ser Reyes de España.
Ese protocolo se arreglará con un decreto que el Consejo de Ministros pretende aprobar el viernes 13 de junio o el viernes 20, bien el anterior o el posterior a la proclamación de don Felipe de Borbón como nuevo rey, bajo el nombre de Felipe VI.
A partir de ese instante, la infanta Leonor se convertirá de forma automática en Princesa de Asturias y legítima heredera al trono, siempre que no nazca un hijo varón que la desbanque del primer puesto de la línea sucesoria. Cuando cumpla los 18 años de edad, tendrá que jurar la Constitución ante las Cortes Generales.
El proceso para el relevo se ha acelerado finalmente de mutuo acuerdo entre el Ejecutivo y la Casa Real, aunque cumpliendo estrictamente los pasos parlamentarios que exigen el Congreso y el Senado.
Quería conseguirse que entre el visto bueno del Senado y la publicación de la ley orgánica de abdicación en el BOE pasara el menor tiempo posible, para evitar transmitir la sensación de que se producía un vacío de poder.
Sin embargo, las mismas fuentes recalcaron que la Constitución deja claro que el Rey deja de ser jefe del Estado en el mismo momento en que se publica en el BOE la abdicación y "automáticamente" en ese mismo instante don Felipe de Borbón pasa a convertirse en el nuevo monarca.
Como curiosidad, cabe destacar que lo último que hará el rey Juan Carlos como jefe del Estado será, precisamente, sancionar la ley orgánica que recoge su propia abdicación y renuncia al trono en favor de su hijo Felipe.