Sevilla, 5 jul.- El abogado Carlos Leal Bonmati, socio director del Bufete Estudio Jurídico Villasís, imputado por siete delitos, ha reconocido hoy ante la juez Mercedes Alaya que pagó 10.000 euros a Eduardo Leal, presunto testaferro del "conseguidor" de los ERE, Juan Lanzas, ambos encarcelado por esta causa.
Los 10.000 euros habrían servido para que el testaferro dijera ante notario que no eran falsas las facturas que presentaba por supuestos servicios prestados por Villasís a sus empresas, han señalado fuentes judiciales.
En su declaración, el abogado Carlos Leal ha afirmado que supo por Lanzas que en la sede de la Presidencia de la Junta se celebró en 2008 una comida con los consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías; de Agricultura, Martín Soler Leal, y de Innovación, Francisco Vallejo.
En esa reunión habrían estado el empresario jerezano José María Ruiz Mateos y un hijo suyo, y se celebró para abordar problemas de las empresas de Jaén Primayor y Dhul, que poco después recibieron ayudas de la Junta.
La declaración del abogado del Bufete Jurídico Villasís de Sevilla se produce dentro de la investigación de la juez para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" de los despachos Garrigues y Villasís, que tienen a dos y tres letrados respectivamente imputados en las actuaciones.
La declaración del letrado se ha retomado esta tarde con las preguntas del fiscal una vez que la juez ha terminado su interrogatorio, que comenzó ayer.
El abogado está acusado de siete delitos: malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, prevaricación impropia, contra la hacienda pública, asociación ilícita y cohecho, que habría cometido desde 1999, cuando se produjeron los primeros ERE fraudulentos.
Carlos Leal es el último en declarar de la rama de los ERE falsos relativa al cobro de sobrecomisiones, que se puso de manifiesto en marzo pasado tras la operación Heracles de la Guardia Civil, en la que se detuvieron a 22 personas.
"Me está mintiendo descaradamente", "no me intente convencer porque no lo va a conseguir", han sido algunas de las frases que le ha dicho la juez al letrado cuando negaba que los ERE los financiaba la Junta y que por tanto él no manejaba fondos públicos sino de las aseguradoras.
El acusado ha reconocido que había adelantado 600.000 euros para el ERE de la Faja Pirítica porque el director general de Empleo Francisco Javier Guerrero le confirmó que había llegado a un acuerdo verbal con los sindicatos.
Ese ERE le costó finalmente a la Junta 1,3 millones de euros por distintos conceptos que se le añadieron a los 600.000 euros, como los impuestos.
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