Abogados chilenos esperan que Baltazar Garzón condene a la viuda de Pinochet

  • Santiago de Chile.- Abogados chilenos de derechos humanos manifestaron hoy su esperanza de que, tras la decisión del juez español Baltazar Garzón de imputar a la viuda de Augusto Pinochet y a su ex albacea por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, Lucía Hiriart sea condenada a prisión.

El juez Garzón fija una fianza de 51,4 millones de euros a la viuda y al abogado de Pinochet
El juez Garzón fija una fianza de 51,4 millones de euros a la viuda y al abogado de Pinochet

Santiago de Chile.- Abogados chilenos de derechos humanos manifestaron hoy su esperanza de que, tras la decisión del juez español Baltazar Garzón de imputar a la viuda de Augusto Pinochet y a su ex albacea por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, Lucía Hiriart sea condenada a prisión.

En tanto, miembros de la familia Pinochet y ejecutivos bancarios imputados por Garzón aseguraron que se trata de casos ya cerrados o a punto de serlo por la Justicia chilena, sin que se hayan comprobado los supuestos delitos financieros después de cinco años de investigación judicial en Chile.

"Esperamos que ya que no llegó (a la cárcel) su marido, que fue el principal responsable, por lo menos que ella cumpla en prisión lo que la justicia y la ley dispongan", dijo a Efe el abogado Eduardo Contreras, quien presentó en 1998 la primera querella contra el dictador, en un caso por violación de derechos humanos.

Garzón fijó una fianza de unos 77 millones de dólares para Hiriart, el ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken, y dos ejecutivos del Banco de Chile, el ex gerente general Pablo Granifo y el ex gerente general de la oficina en Nueva York, Hernando Donoso.

El juez Garzón fijó un plazo de diez días para que los imputados presenten conjuntamente la fianza, o bien procederá a un embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, es decir unos 103 millones de dólares.

Contreras dijo que "este trabajo debieron haberlo hecho nuestros tribunales, resulta lamentable de que tenga que ser un tribunal español el que haga la tarea que debieron hacer nuestros tribunales".

Sostuvo que si se aplican los tratados y las leyes no debiera haber ningún problema para que los imputados comparezcan, "pero vivimos en un mundo de compromisos políticos y no me extrañaría que comenzaran a levantarse voces que pretendan obstruir la acción de los tribunales".

En tanto, Rodrigo García, nieto de Pinochet y candidato a diputado por un distrito de Santiago, dijo a los periodistas que "se trata nuevamente de una maniobra política".

"Creo que nuestro país tiene un poder judicial sólido en el cual hemos confiado, al que se ha prestado toda su colaboración y finalmente se ha ido demostrando que aquellas imputaciones eran falsas", subrayó García, que recalcó que tras cinco años de investigación, "no hay ningún familiar del general Pinochet procesado por esto".

Por su parte, el juez Manuel Valderrama, que investiga actualmente el origen de la fortuna de Pinochet, aseguró que no hay indicios del delito mencionado por Garzón en los muchos informes de la Policía de Investigaciones, y aclaró que hay una auditoría pendiente para determinar el patrimonio del general Pinochet.

"Ignoro el monto, no está claro todavía", enfatizó el juez, que ordenó esa auditoría para determinar definitivamente el monto de la fortuna amasada por Pinochet en cuentas secretas que manejó en el Riggs Bank de EEUU y otras instituciones extranjeras.

Hasta ahora, las indagatorias han fijado en poco más de 26 millones de dólares la fortuna del dictador, de los que unos 20 millones aparecen sin justificación legal.

Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en este caso por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos, además de desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.

La investigación de este último punto sigue abierta, dijo a los periodistas el juez Valderrama, que subrayó que hasta ahora "no hay ningún indicio" de lavado de dinero.

En tanto, el Banco de Chile dijo en una declaración que "las operaciones vinculadas al caso Pinochet y sus relacionados han sido examinadas y cerradas por variadas instituciones regulatorias y administrativas en Estados Unidos".

En la misiva añadió que la Fundación Salvador Allende demandó al Banco de Chile en noviembre de 2005 en Estados Unidos, "demanda que fue desestimada por la justicia norteamericana en febrero de 2007".

Agregó que el Banco de Chile no ha sido notificado en este caso y no tiene más antecedentes que la información aparecida en la prensa".

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