Abogados de víctimas no se presentarán a una audiencia del caso Fujimori

Lima, 24 oct.- Los abogados de los familiares de las víctimas de las masacres por las que fue condenado a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori anunciaron hoy que no se presentarán mañana a una audiencia judicial en la que se estudiará un pedido de arresto domiciliario hecho por el exmandatario.

La audiencia fue convocada por el Juzgado Supremo de Instrucción de Lima, a cargo del magistrado Segundo Baltazar Morales, para evaluar el pedido que ha hecho Fujimori para que se cambie la prisión que cumple en un cuartel policial por el arresto domiciliario.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) anunció hoy, en un comunicado, que los detalles de la decisión serán ofrecidos mañana en una rueda de prensa a la que asistirán Gloria Cano, Pablo Rojas, Carlos Rivera, Rocio Silva Santisteban y David Velazco de Fedepaz, abogados y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Los familiares de las víctimas de las masacres consideran una "afrenta" el pedido de arresto domiciliario del exgobernante, según afirmó el miércoles Raida Cóndor, madre de Amaro Cóndor, uno de los nueve estudiantes de la universidad limeña de La Cantuta que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por el grupo militar encubierto "Colina" en 1992.

Cóndor consideró "un error" que el juez haya aceptado estudiar el pedido presentado por la defensa de Fujimori y recordó que el exmandatario "es culpable de delitos contra los derechos humanos".

"Tiene que cumplir su pena en prisión, de lo contrario, sería una ofensa y afrenta para nosotros, los familiares que perdimos a nuestros seres queridos por crímenes perpetrados durante su gobierno", remarcó.

Fujimori (1990-2000) cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.

El exgobernante también cumple otras sentencias menores por delitos de corrupción y actualmente afronta un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero estatal para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas.