Abogados financieros reclaman al Congreso instrumentos contra fraudes masivos

Madrid, 28 sep.- La Red Internacional de Abogados de Litigios Financieros ha pedido a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la creación de los instrumentos jurídicos adecuados para conseguir una justicia eficaz en casos de fraude financiero masivo, como las participaciones preferentes.

Abogados de más de veinte países reunidos en Madrid han aprobado esta semana la "Declaración de Madrid de Protección de los Inversores", que reclama a los reguladores y supervisores que asuman su responsabilidad ante los fraudes financieros en los que no han actuado con la diligencia debida.

En el caso de España, los abogados financieros han recordado la fallida salida a Bolsa de Bankia aprobada por la CNMV y el Banco de España, la autorización para la última ampliación de capital de Pescanova, o la comercialización de las preferentes.

Según los abogados, para que los inversores internacionales recuperen la confianza en España hace falta que se demuestre que los reguladores y supervisores se comprometen con la seguridad jurídica y asumen su responsabilidad, resarciendo de los daños provocados.

Solicitan a los reguladores, los legisladores y los tribunales que fortalezcan la protección a los inversores, promuevan la coordinación y la coherencia entre las jurisdicciones y mejoren, cuando proceda, los mecanismos legales que permitirían que los demandantes con reclamaciones similares puedan perseguir sus derechos a través de un procedimiento coordinado.

En la reunión con los miembros de la Comisión de Justicia, los abogados trasladaron a los diputados la necesidad de contar con instrumentos jurídicos para conseguir una justicia eficaz en casos de fraudes masivos, en la línea de las demandas colectivas que está estudiando la Comisión Europea.

Una solución serían las acciones colectivas, similares a las que existen en EEUU, que permitirían evitar situaciones como la derivada del plante de controladores aéreos durante el puente festivo de la Constitución de 2010, que ha dado como resultado cerca de 20.000 pleitos.

Ante esta petición, la Comisión de Justicia y la Red Internacional de Abogados de Litigios Financieros acordaron iniciar el estudio de la propuesta creando un grupo de trabajo para analizarla.

Según el despacho Cremades&CalvoSotelo, hay 1,2 millones de afectados por fraudes financieros en España que no sólo sufren el daño patrimonial en sus inversiones, sino también un fuerte impacto psicológico.