Aborto. Tres vocales del cgpj piden que el gobierno espere a que hable el constitucional

Tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido que el Gobierno no reforme la legislación vigente sobre el aborto hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentó el PP, que pedía anular la normativa de plazos aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según informó el CGPJ, los vocales Mercè Pigem, Enrique Lucas y Fernando Grande-Marlaska han coincidido en demandar que el Ejecutivo espere al Constitucional antes de aprobar su reforma, que está pendiente de ser enviada al Congreso.
Estos miembros del Consejo han presentado sus alegaciones en el marco del debate que el órgano de gobierno de los jueces tiene abierto para decidir, el próximo 13 de junio, sobre la modificación de la interrupción del embarazo planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
A este respecto, las vocales Mercè Pigem y Enrique Lucas han remitido al CGPJ un escrito, en el que se recomienda al Gobierno que “se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación”.
“VAIVENES” DEL PARLAMENTO
Estos dos vocales sostienen, además, que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia objeto de regulación.
“Indudablemente”, dicen estos vocales, “nos encontramos ante uno de los supuestos límites del derecho, con una implicación significativa en el plano de la conciencia y creencias individuales. Es decir, un ámbito de la regulación que no puede quedar sometido a los vaivenes de los cambios de mayoría parlamentaria. Antes bien, es necesaria una cierta estabilidad, sino en toda la regulación de la materia, sí en los elementos esenciales del sistema”.
Pigem y Lucas alertan de la situación de inseguridad jurídica que derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo vigente –de plazos e indicaciones- por parte del Constitucional. Por este motivo, consideran que reformar la ley sin esperar a la respuesta de este tribunal “podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales”.
“INSEGURIDAD JURÍDICA”
A su vez, el vocal Fernando Grande-Marlaska también se refiere a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha presentado. Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley vigente, “habría que estar a su resolución”.
Para este magistrado, “como nos encontramos ante la regulación de una materia donde los valores que conforman la ética cívica (de mínimos) pueden ser reinterpretados, aun cuando no debiera, por el legislador en extremos de máximos, difuminando su alcance, conjugándose al día de hoy una legislación que no consta violenten los mismos (ética pública), la única forma de garantizar esta última, y específicamente el valor de seguridad jurídica, no sería otra que estar al pronunciamiento del TC sobre la Ley Orgánica 2/2010”.
En caso contrario, señala Grande-Marlaska, “al margen de inseguridad jurídica en materia constitucional tan esencial, serían previsibles futuras modificaciones legislativas”.