Madrid, 28 ene.- Seis de los 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV han pedido hoy en la Audiencia Nacional que se suspenda el juicio por estos hechos, que está previsto comience mañana, al haber renunciado su abogada a su defensa, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La abogada que ha decidido no seguir representándoles es Haizea Ziluaga una de las tres letradas defensoras en este juicio que fueron detenidas el pasado 12 enero en la operación contra el "frente de cárceles" de ETA, lo que ya motivó la suspensión de la vista oral, que estaba prevista comenzara el mismo día en que se produjeron las detenciones.
Tras esa suspensión y al quedar al día siguiente en libertad esas tres letradas, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar estos hechos, volvió a fijar para el jueves 29 de enero el inicio de la vista oral.
Los acusados que se han quedado sin defensa han pedido hoy a la sección segunda que aplace de nuevo el juicio hasta que consigan una nueva representación letrada que, además, deberá instruirse de esta causa para poder ejercer convenientemente la defensa, por lo que han solicitado que se tenga también en cuenta esa circunstancia al fijar una nueva fecha para el inicio de la vista oral.
Entre los 35 procesados, que se enfrentan a una petición del fiscal de 10 años de cárcel por integración en organización terrorista, destacan históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.
También figuran entre los acusados las exparlamentarias vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 encausados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera "en base a la legalidad española".
Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de ANV se acreditó en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.
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