Kiev.- La Fiscalía de Ucrania acusó hoy a la ex primera ministra Yulia Timoshenko de malversar 380 millones de euros de fondos públicos recaudados por este país en el marco del Protocolo de Kioto.
El fiscal general, Víctor Pshonka, aseguró en rueda de prensa que ese organismo ha incoado dos expedientes penales contra Timoshenko por la malversación de 200 y 180 millones de euros, y le ha abierto un tercer proceso por la compra ilegal de mil automóviles cuando era la jefa del Ejecutivo ucraniano, según las agencias ucranianas.
Timoshenko, que se ha tenido que comprometer a estar localizable las 24 horas del día y no abandonar el país, es acusada según la cláusula 3 del artículo 365 del Código Penal (abuso de poder con consecuencias graves).
"Han abierto un expediente penal contra mi persona por supuestamente asignar dinero, originariamente destinado a la ecología, a las pensiones en tiempos de crisis durante 2009", aseguró la líder de la oposición.
La política, que dejó el cargo de jefa del Gobierno en febrero pasado tras perder las elecciones presidenciales ante Víctor Yanukóvich, acusa al Gobierno actual de persecución de la oposición.
Timoshenko, a quien el actual primer ministro, Nikolái Azárov, ha acusado en varias ocasiones de malversación, aseguró que las acusaciones son infundadas.
"Las pensiones las pagamos, pero no a costa del dinero para la ecología. Ese dinero está depositado en las cuentas del Ministerio de Ecología y está bajo el control del Gobierno", argumentó.
La Fiscalía mantiene que el Gobierno de Timoshenko, en concreto el Ministerio de Finanzas, desvió dinero recaudado tras la venta de cuotas de emisiones de gas de efecto invernadero.
Timoshenko, que antes de lanzarse a la política se convirtió en una de la mujeres más ricas de Ucrania por sus negocios en la industria del gas, estuvo al frente del Ejecutivo de su país en dos ocasiones: de enero a septiembre de 2005 y de diciembre de 2007 a marzo de 2010.
La carismática política, que protagonizó la Revolución Naranja de 2004, ya fue detenida y cumplió varias semanas de prisión preventiva bajo sospecha de presuntos delitos económicos en 2001 tras ser destituida como viceprimera ministra.
No obstante, en ambas ocasiones la Justicia desestimó los cargos sin que siquiera se llegara a juicio.
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