La Paz, 13 ene.- El Parlamento boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, acusó hoy al exgobernante Gonzalo Sánchez de Lozada y a otros doce ex altos cargos de supuestos daños económicos causados con la privatización de empresas en la década de los 90.
El actual Legislativo, que concluyó hoy su gestión, aprobó dos "proposiciones acusatorias" contra las trece personas tras escuchar el informe de la comisión parlamentaria que investigó, a instancias del Ejecutivo, los supuestos daños causados al país con la privatización de empresas públicas entre 1989 y 2000.
Estas propuestas fueron enviadas a la Fiscalía General del Estado, que tiene 30 días para rechazarlas o aceptarlas y si ocurre lo segundo la nueva Asamblea Legislativa, que iniciará sus actividades el 22 de enero, deberá autorizar el juicio de responsabilidades contra los acusados.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que también preside el Parlamento, explicó que las "proposiciones acusatorias" se refieren en concreto a dos casos: la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) y la creación de un fondo de créditos productivos.
En uno de los casos están acusadas siete personas, incluidas el expresidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), sus ministros Carlos Sánchez Berzaín y Reynaldo Peters, y Doria Medina, que fue ministro de Planeamiento entre 1989 y 1993.
En el segundo caso, fueron incluidos nueve ex altos cargos, entre ellos de nuevo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Peters.
Las trece personas están acusadas de "contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes".
Según García Linera, en las dos investigaciones se logró "recabar la totalidad de las pruebas, pero todavía hay muchos otros casos más" que deberán ser investigados por el nuevo Legislativo, en el que el oficialismo también tendrá la mayoría.
El próximo Parlamento deberá crear una nueva comisión "para continuar el trabajo" de sus predecesores "y seguir enjuiciando a los responsables de otros casos puntuales de privatización", añadió el vicepresidente.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín viven en EE.UU. desde hace más de once años y deben responder en un juicio en Bolivia por su supuesta culpa en la muerte de más de 60 personas entre septiembre y octubre de 2003.
Aquellas muertes ocurrieron durante la represión de una revuelta social contra la decisión del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a EE.UU. a través de un puerto chileno.
Doria Medina es el principal líder opositor y se ha enfrentado en las urnas a Evo Morales tres veces, la última en las elecciones de octubre pasado, en las que el actual gobernante fue reelegido con el 61,3 % de los votos para un tercer mandato hasta 2020.
El vicepresidente sostuvo hoy que durante el periodo de las privatizaciones "Bolivia se quedó sin recursos" y perdió "soberanía económica y política".
"Es un periodo que no puede quedar impune, que no lo podemos meramente recordar como parte de la historia", afirmó.
Justificó que la Constitución vigente desde 2009 establece que los delitos cometidos por funcionarios públicos en contra del patrimonio del Estado "son imprescriptibles".
Doria Medina escribió hoy en su cuenta de Twitter que la acusación del Gobierno "es tan mentirosa que no se atrevieron a escuchar" su "verdad" y que el vicepresidente actuó como "fiscal y juez" al considerar que dictó "condena" en este caso.
"Me atacan por haber recibido el respaldo de más de un millón doscientos cincuenta mil votos (en los comicios de octubre)", añadió.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios