El reciente acuerdo de Ciudadanos para desbloquear la gobernabilidad en Andalucía, dando su apoyo a la investidura de Susana Díaz, unido a los avances cada vez más concretos para que la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid sea Cristina Cifuentes, han provocado malestar en la corriente crítica del partido, formada por afiliados descontentos con la deriva que ha ido tomando la formación de Rivera.
Estos militantes abroncan que con estos acuerdos se facilite finalmente la continuidad de unos gobiernos que en los últimos años se han visto envueltos en distintos de casos de corrupción. "El objetivo es el poder", afean. Dicen, no obstante, no sentirse sorprendidos una vez que desde hace tiempo vienen denunciando comportamientos "poco claros y democráticos" en el partido. Como ejemplo ponen la celebración de primarias donde constan varias denuncias por candidatos designados "a dedo" desde la dirección.
Pese a que el partido defiende que no entrará en aquellos gobiernos que no presida, esto es, no lo hará por ejemplo en Andalucía o en Madrid, los críticos desconfían de un posible intercambio de "favores" a cambio de su complicidad en las investiduras. Advierten, además, de un posible coste en términos electorales, dada la "ambigüedad ideológica" que supone apoyar en unos casos al PSOE y hacerlo, en otros, al PP.
El acuerdo suscrito ayer entre Ciudadanos y el PSOE andaluz para la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Comunidad no hace mención explícita a una cuestión que hasta ahora había sido condición inexcusable del partido de Rivera para la negociación, y exigida por su propio presidente: el compromiso "por escrito" de Díaz sobre la renuncia del expresidente Manuel Chaves, por su responsabilidad en el caso de los ERE fraudulentos. Desde el partido defienden que los documentos firmados ayer-uno referido a medidas anticorrupción y para la regeneración democrática, otro de propuestas económicas y un tercero sobre cohesión social- no hacen referencia a "personas concretas".
El documento sí contempla la necesidad de separar "de inmediato" a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículum o su cualificación profesional o académica, de igual manera que sostiene que las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas electorales.
Griñán ya dijo el pasado abril que ponía su escaño a disposición de Susana Díaz y renunciaba a repetir como senador. Chaves también comunicó su marcha al término de la legislatura. Sin embargo, el partido de Rivera siempre desconfió de este anuncio y exigió a la presidenta andaluza más garantías. La exigencia quedó ya notablemente suavizada a comienzos de esta semana cuando el presidente de Ciudadanos en la región, Juan Marín, explicó que Díaz le había pedido esperar a que se pronuncie el Supremo sobre la inculpación formal del expresidente. "Si fuera así", justificó Marín, "pediría públicamente y por escrito su acta de diputado".
El voto positivo de Ciudadanos permitirá a Díaz resolver mañana mismo la presidencia, en el pleno de investidura. En la Comunidad de Madrid, las negociaciones avanzan también a buen ritmo. Rivera se mostró hoy confiado en que el PP asuma en esta región las mismas condiciones impuestas a Díaz y adelantó un principio de acuerdo.
Éste fue ratificado también, horas después, por la candidata 'popular', Cristina Cifuentes, quien, tras reunirse con el futuro portavoz 'naranja' en la Asamblea madrileña, Ignacio Aguado, comunicó que entre ambas formaciones existe un clima de "alto acuerdo en general".
Los candidatos se reunieron esta tarde para avanzar en el documento anticorrupción y de regeneración democrática, primer paso para ligar el avance de las conversaciones. El encuentro, marcado por el optimismo, puso no obstante sobre la mesa dos diferencias que ambos partidos tratan de limar de cara a un acuerdo definitivo: la limitación de cargos a ocho años y la celebración de primarias. En ambas, Cifuentes ha reconocido que existen "matices" que tratarán de solventar en la próxima reunión, prevista para este mismo viernes.
Las negociaciones entre Ciudadanos y el PP de la Comunidad de Madrid se vieron bloqueadas la pasada semana, después de que los ya exconsejeros Lucía Figar y Salvador Victoria fuesen imputados en la 'trama Púnica'. Ambos presentaron su dimisión inmediata para no entorpecer la marcha de esas conversaciones.
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