"El hecho de que jueces de diferentes estados del país puedan desmontar acusaciones débiles que solo se sustentan en confesiones obtenidas tras torturas demuestra que puede haber esperanza de justicia para otros casos", dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, a través de un comunicado.
Adrián Vásquez, un conductor de transporte y padre de cuatro niños, fue liberado el martes de una prisión cercana de Tijuana (Baja California, noroeste) más de tres años después de ser arrestado y torturado por la policía estatal, acusado de ser un narcotraficante de alto rango, según la organización.
Poco después, Cristel Piña, una joven de 25 años y madre de dos niños, fue liberada de una prisión en Ciudad Juárez (Chihuahua, norte) más de dos años después de ser arrestada y sometida a golpes, tortura y violencia sexual, hasta que accedió a confesar en un video un crimen de extorsión.
"Como Cristel y Adrián, hay miles de casos de personas injustamente detenidas a lo largo y ancho del país que han sido torturadas hasta que accedieron a aceptar su culpa por un crimen que no cometieron", estimó Guevara Rosas.
La ONG con sede en Londres también defiende el caso de Yecenia Armenta, una mujer mexicana que "fue violada, asfixiada y colgada de sus pies por la policía estatal de Sinaloa (noroeste)" en 2012 para que confesara un asesinato.
En abril, el gobierno de México emprendió una contienda pública contra un relator especial sobre tortura de la ONU que escribió un mordaz reporte, en el que sostiene que la tortura es una práctica "generalizada" entre las autoridades del país.
El presidente Enrique Peña Nieto busca mejorar la imagen de México en la esfera internacional desde que asumió el poder en diciembre de 2012, heredando un combate militar contra el narcotráfico que ha dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos, así como víctimas de abusos por parte del ejército y la policía.
Pero en octubre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recomendó a México relevar de las labores policiales de seguridad pública a los militares -acusados de distintas agresiones a civiles- y llamó a investigar y sancionar las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales que "presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales".
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