Londres.- Amnistía Internacional (AI) ha pedido al gobierno de Timor Oriental que acabe con el vacío legal que permite la impunidad de los crímenes de guerra cometidos durante la ocupación indonesia, entre 1975 y 1999.
El último informe de AI señala que esta impunidad implica que el país -que ocupa la mitad este de la isla de Timor y que se independizó de Indonesia en 1999- no está cumpliendo con las obligaciones que exige el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al que el país se adhirió en 2002.
La responsable de AI en Timor Oriental, Isabelle Arrandon, señaló que los supervivientes de décadas de violaciones de derechos humanos están demandando justicia, pero las autoridades se sirven día a día de amnistías, indultos y medidas similares para crear una "cultura de la impunidad".
Desde AI se apunta que estas prácticas puede dañar la capacidad de esta joven nación para disuadir la violencia, mantener la independencia, confiar en la justicia y tener unas fuerzas del orden que se hagan responsables de sus actos.
La mayoría de la gente que fue detenida y juzgada por los Juzgados Especiales para Delitos Graves de la ONU, por cometer crímenes de lesa humanidad durante la independencia de Timor Oriental, han sido liberados por los continuos perdones y conmutaciones de sentencias llevada a cabo por la presidencia del país.
En 2008, el líder militar Joni Marques fue puesto en libertad después de que su sentencia, que inicialmente era de 33 años de prisión, fuera sustancialmente reducida por el presidente.
También, en 2009, el gobierno de Dili permitió que Maternus Bere, condenado por los tribunales especiales de la ONU por estar implicado en masacres a civiles en 1999, eludiera ir a la cárcel al facilitarle la extradición a Indonesia.
Según Arrandon, jugar con la justicia como lo está haciendo el Gobierno está socavando el poder de la ley y no permite resolver los traumas del pasado.
AI reclama que se establezca un tribunal internacional que investigue estos delitos y condene a los responsables, que busque a los desaparecidos durante la ocupación, que indemnice a los familiares de los muertos y que restrinja las amnistías y medidas similares a delitos que no impliquen violaciones de derechos humanos.
Esta organización reconoce los esfuerzos del joven país para incluir en su Código Penal la mayoría de las normas que exige el Estatuto de Roma, pero critica que no figure en él una prohibición clara de las amnistías por crímenes que violen las leyes internacionales y la ausencia de disposiciones de cooperación con la Corte Penal Internacional.
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