Alaya urge refuerzos para investigar los ERE falsos y los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya no da abasto para llevar a buen fin la investigación de los dos macroprocesos judiciales que dirige y que afronta prácticamente sola: el relativo a las irregularidades en los cursos de formación y el de los falsos EREs.

Por esta razón, ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de las citadas investigaciones.

Solamente el caso de las ayudas a la formación contempla más de dos millones de folios -relacionados con las pesquisas- que, apilados, superan los 200 metros de altura y que deben ser escaneados.

Mientras, el caso de los ERE ya es el caso de corrupción con mayor número de imputados: 116.

Alaya se queja de que ya el pasado día 2 denunció esta falta de personal sin que "aún" se haya resuelto la situación.

El Tribunal Supremo ha autorizado recientemente a que la jueza siga instruyendo la causa de los ERE, hasta que resuelva la parte que afecta a los aforados. Casi unida a esta decisión del Supremo, se produjo la inhibición del juez de Cádiz a favor de Alaya en la trama que implica al exconsejero Ángel Ojeda, imputado en la citada causa.

La falta de personal de apoyo a la jueza se constata con la nueva petición. Uno de las funcionarias que hasta ahora colaboraba en la causa de los ERE está de baja por enfermedad y suplirla es lo más urgente.

Alaya también ha pedido que se mantenga en su puesto a la agente encargada del trabajo ordinario y de la tramitación de lo relativo al caso de los cursos de formación.

Según informa El País, en el curso de la investigación sobre las irregularidades en la formación, la juez ha pedido a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que, en un plazo de 10 días, remita los certificados de asistencia y diplomas relativos a cursos subvencionados a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En concreto, se trata de cuatro expedientes de 2006, 2008 y 2009. Ya el pasado mayo, la magistrada comenzó a analizar las subvenciones concedidas a la desaparecida fundación, entre 2009 y 2010, por valor de 49,5 millones de euros.

En un mismo auto fechado el día 23, la magistrada también pide al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte "los planes de evaluación y seguimiento" llevados a cabo desde 2002 para velar por el "adecuado control de las acciones formativas".