Alcalde de Íllora (Granada), condenado por prevaricación, anuncia su renuncia

  • Francisco José Domene (PSOE) ha anunciado hoy su renuncia a la alcaldía de Íllora (Granada), decisión que se produce después de su condena por parte del Juzgado de lo Penal 1 de Granada a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en la adjudicación de medios públicos.

Granada, 17 sep.- Francisco José Domene (PSOE) ha anunciado hoy su renuncia a la alcaldía de Íllora (Granada), decisión que se produce después de su condena por parte del Juzgado de lo Penal 1 de Granada a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en la adjudicación de medios públicos.

Esta renuncia, trasladada a través de un comunicado facilitado por el PSOE, se produce a pesar de que ha asegurado tener el "convencimiento" de que, tras el recurso que he interpuesto ante la Audiencia Provincial, se dejará clara su "absoluta inocencia".

Según Domene, la decisión pretende posibilitar la gobernabilidad de su pueblo, desde la convicción de que de este modo no pone en riesgo los grandes proyectos de presente y futuro.

"Quiero mostrar mi agradecimiento a los ciudadanos de Íllora por su apoyo permanente y la confianza que han depositado en mí, elección tras elección", ha detallado el socialista, que ha añadido que ser alcalde ha supuesto el reto más importante de su vida y un orgullo que llevará "siempre como bandera personal".

También ha dado las gracias a sus compañeros de la agrupación socialista de los pueblos de Íllora y a la dirección provincial de Granada, por el ánimo y la solidaridad mostrada en este proceso, tras trece años "de trabajo en común".

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada condenó a Domene y a cuatro concejales a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en la adjudicación de medios públicos.

Los cinco acusados formaban parte del Consejo de Administración de Parapanda Comunicación SL, una empresa pública con capital del Ayuntamiento de Íllora y gestionada con fondos públicos del consistorio, según la sentencia, a la que tuvo acceso Efe.

Según el juez, la adjudicación se hizo "sin expediente administrativo previo, ni pliego de condiciones, ni publicidad ni fijación de plazo para presentar propuestas".

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