La determinación la adoptó la noche del jueves el magistrado Raúl Henríquez, de la Corte Suprema, a cargo del proceso que se le sigue a Bonilla.
El magistrado prohibió a Bonilla viajar al exterior y comunicarse con dos de sus colegas involucradas en el caso, las juezas Liz María Núñez y Delmy Elizabeth López.
Henríquez instó a las autoridades investigar por tráfico de influencias a Núñez y abrir un antejuicio a López por prevaricato.
El Ministerio Público acusó a Bonilla de presionar a sus subalternas para liberar a tres de sus parientes que permanecen en prisión desde enero de 2014 bajo cargos de lavado de activos y almacenar armas y municiones prohibidas.
El Consejo de la Judicatura es el encargado de velar por el buen funcionamiento del poder judicial hondureño.
El hecho ocurre en momentos que la Corte Suprema enfrenta una grave crisis desatada cuando, en diciembre de 2012, el actual presidente Juan Orlando Hernández (entonces presidente del Congreso) destituyó a cuatro de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema por rechazar al menos ocho de sus iniciativas políticas. En su lugar designó a abogados afines.
Esa determinación provocó fuertes reacciones de la oposición, que desde entonces acusa a Hernández de pretender quedarse en el poder por segundo periodo consecutivo en los comicios generales de 2017, pese a que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución de 1982.
Entre tanto, el Congreso no ha nombrado los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema para reemplazar a los que el 25 de enero concluyeron su periodo de siete años, lo que partidos opositores atribuyen a intentos de Hernández de imponer a sus candidatos.
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