Amaiur pide la condición de víctimas del terrorismo para los cinco trabajadores muertos en vitoria en 1976

Amaiur ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta a la Cámara a rechazar el asesinato de cinco trabajadores durante las cargas policiales ocurridas en Vitoria el 3 de marzo de 1976, y pide que el Gobierno asuma sus responsabilidades y reconozca la condición de víctimas del terrorismo a los fallecidos.
En su exposición de motivos, Amaiur pide solidaridad con las víctimas y reclama que se las reconozca como beneficiarias de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo por "aquellos trágicos hechos".
La formación independentista ha presentado en registro su iniciativa el día primero de marzo para intentar que se se debata en Pleno en la fecha más próxima posible al 36 aniversario de estos acontecimientos.
El texto de la proposición establece que "el Congreso de los Diputados rechaza los asesinatos y las brutales agresiones cometidas el 3 de marzo de 1976 por las Fuerzas del Orden Público" en el barrio de Zaramaga (Vitoria).
Amaiur se hace eco con esta iniciativa de las reclamaciones de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo "en demanda de verdad, justicia y reparación y en contra del olvido y la impunidad".
Además, insta a que se "esclarezca por completo lo sucedido en Vitoria-Gasteiz hace 36 años, se haga justicia con las víctimas y se depuren las responsabilidades que procedan".
Esta es la primera proposición no de ley que presenta Amaiur en la Cámara Baja con la intención de lograr su solidaridad con los familiares de los cinco obreros muertos en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria.
El día de los hechos y tras un período de conflictividad laboral, se había convocado una huelga general en Vitoria en apoyo de unos trabajadores huelguistas.
En una fechas inmediatamente posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, y cuando aún la huelga y la reunión erán delitos y no derechos, cientos de trabajadores acudieron a una reunión convocada en la parroquía de San Francisco de Asís.
El gobernador civil ordenó el desalojo de la iglesia y sin autorización del párroco o del obispado los agentes lanzaron gases lacrimógenos y recibieron a los que salían del templo con disparos de pelotas de goma y fuego real. Tres personas murieron por heridas de bala en el acto y otras dos, días más tarde, como consecuencia de las heridas. Hubo decenas de hospitalizados.