Amnistía Internacional exige justicia para víctimas de masacre El Calabozo

San Salvador, 22 ago.- Amnistía Internacional exigió hoy al Estado salvadoreño justicia para las víctimas de la masacre El Calabozo, ejecutada hace 30 años por miembros del Ejército en el departamento de San Vicente (centro) durante el conflicto armado (1980-1992).

"Las autoridades salvadoreñas han agravado su dolor y su trauma al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas que ordenaron o cometieron la masacre", dijo hoy, mediante un comunicado distribuido en San Salvador, Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional.

"Treinta años después, ya es hora de poner fin a esta farsa proporcionando finalmente una reparación a sobrevivientes y familiares, y enjuiciando a los responsables de este terrible crimen", agregó.

Por su parte, Carolina Constanza, directora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, señaló como positivo que el Estado salvadoreño haya reconocido el 16 de enero pasado, durante la conmemoración de los Acuerdos de Paz (1992), la responsabilidad de la masacre El Mozote, donde el Ejército asesinó a casi 1.000 personas en 1981.

Sin embargo, lamentó que hasta la fecha no ha habido ni siquiera un reconocimiento oficial de la masacre de El Calabozo y de la devastación que produjo, destacó también el boletín.

El hecho ocurrió el 22 de agosto de 1982, cuando miembros del Ejército salvadoreño atacaron a decenas de pobladores, en su mayoría niños y ancianos, en el río Amatitán, en el punto conocido como El Calabozo, en el departamento de San Vicente.

Es difícil confirmar el número de personas que murieron ese día, según informes, los soldados, pertenecientes al Batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos, arrojaron ácido sobre algunos de los cuerpos y el río se llevó muchos de los cadáveres, precisa el boletín.

Pero los sobrevivientes y familiares han confeccionado una lista de más de 200 personas desaparecidas, desde bebés que aún no habían dado sus primeros pasos hasta abuelos de avanzada edad, añade.

Las víctimas de esta masacre, junto a organizaciones humanitarias, interpusieron en 1992 su caso ante las autoridades correspondientes de este país centroamericano para obtener justicia, pero ha sido cerrado en varias ocasiones.

"Cada vez que se ha reabierto el caso se ha encontrado con un nuevo obstáculo legal. La última vez que se reabrió fue en 2006, pero 30 años después de que se cometiera la masacre aún no ha llegado a juicio", enfatizó el documento.

En ese año el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, en representación de las víctimas, interpuso una demanda judicial contra siete exmilitares del Ejército salvadoreño.

La demanda fue contra los generales José Guillermo García y Rafael Flores Lima, quienes en ese tiempo eran ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor Conjunto, respectivamente.

Además, contra los militares retirados Napoleón Alvarado, Miguel Antonio Méndez, Juan Rafael Bustillo, Luis Adalberto Landaverde y Sigifredo Ochoa Pérez, todos altos oficiales en diferentes unidades de la Fuerza Armada salvadoreña y este último actual diputado por el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador, Esther Alvarenga, dijo hoy a Efe que le parece "reprochable" que una persona como Ochoa Pérez esté ejerciendo un cargo público luego de supuestamente haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

"No sólo es reprochable, es que es triste que la gente vote por personas así, porque está votando por un verdugo, por un verdugo que no va cambiar", enfatizó Alvarenga.

Los siete militares fueron "autores inmediatos" de la masacre de El Calabozo, ya que ordenaron y participaron en la dirección de "un operativo militar de grandes dimensiones en las zonas rurales" de diversos poblados de San Vicente, realizado en agosto de 1982, según el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos.