Amnistía pide a españa que derogue el régimen de incomunicación, que propicia la tortura

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno español, con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra este viernes, que derogue el régimen de incomunicación de los detenidos, porque facilita la práctica de la tortura y los malos tratos.

AI denunció en un comunicado que el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tramitación en el Senado, no contempla la abolición de ese régimen y, sobre todo, “ni siquiera se incorpora expresamente su inaplicación a menores de edad, a pesar de haberse comprometido a ello en la última revisión a España del CAT del pasado mes de mayo”.
AI se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que ponga fin a este régimen, “que hasta el propio Ministerio de Interior ha dicho que no se ha aplicado en lo que va de año 2015 a los 80 presuntos terroristas detenidos”.
Según AI, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España seis veces en los últimos cinco años por no haber llevado a cabo investigaciones adecuadas ante denuncias de torturas cometidas durante la aplicación de este régimen de detención, lo que supone un importe de más de 120.000 euros en concepto de indemnizaciones y costas judiciales.
En España, una persona puede pasar hasta un máximo de 13 días en régimen de incomunicación, donde no tiene derecho a designar un abogado de su elección, ni consultar con aquel asignado de oficio de manera confidencial, ni tener acceso a un médico de su elección, así como comunicar su paradero a la familia o a su consulado en caso de ser extranjero.
El régimen de incomunicación se introdujo en 1980 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ya el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes lo denunció en su primera visita a España, en 1991, así como el Comité contra la Tortura en su segundo examen a España, en 1993. A partir de ese momento la condena ha sido mayoritaria por parte de los organismos internacionales.
Amnistía Internacional lleva años denunciando la falta de investigaciones adecuadas de los casos de tortura y malos tratos, no sólo en régimen de incomunicación, sino también en otros espacios, “infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como por la impunidad de la que gozan sus responsables”.
La organización se queja además de que las víctimas de tortura encuentran dificultades para obtener reparación. Por ejemplo, en la identificación de los responsables directos y en la negativa del Estado a asumir la responsabilidad civil subsidiaria en buena parte de los casos, cuya última demostración, según AI, ha sido el olvido de estas víctimas en la Ley del Estatuto de la Víctima.