Amnistía pide a felipe vi que aborde los derechos humanos en su viaje de mañana a marruecos


Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al rey Felipe VI para que tenga en cuenta la situación de los derechos humanos en Marruecos, país al que viaja este lunes, y haga gestiones para lograr avances en este ámbito, en especial por los casos del periodista Ali Anouzla, que se encuentra a la espera de juicio por un vídeo publicado en su web, y Ali Aarrass, todavía en prisión después de haber sido condenado a 15 años tras confesar bajo tortura.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión; denuncias de torturas y malos tratos, incluido en el Sáhara Occidental, y violencia contra las mujeres, personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes son las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Marruecos.
AI indicó que las leyes marroquíes “criminalizan a periodistas y otras personas críticas con la monarquía o las instituciones del Estado”, si bien el ministro de Comunicación ha declarado en repetidas ocasiones que están en marcha los preparativos para elaborar un nuevo Código de Prensa, que excluirá las penas de prisión, aunque, mientras tanto, los periodistas se enfrentan a penas de cárcel bajo 20 artículos diferentes y el Código Penal pena con prisión la expresión pacífica de opiniones que se consideren ofensivas para el Rey, su familia, cualquier otro funcionario público o los símbolos nacionales de Marruecos.
Menciona el caso de Ali Anouzla, procesado el pasado mes de septiembre poco después de que en el sitio web que él mismo fundó, Lakome.com, se considerara “propaganda” la publicación de un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Aunque quedó en libertad tras un mes y medio de reclusión, este ciudadano sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera de juicio.
Por otra parte, Amnistía subraya que las personas detenidas tras la celebración de manifestaciones son juzgadas en circunstancias que no cumplen la normativa internacional en materia de juicios justos. Así, en 2013 se impusieron penas de entre 18 y 30 meses de prisión a 16 hombres, y penas de dos meses de prisión a dos menores de edad por “participación en concentración armada”, “agresión a funcionarios públicos” y “daños a bienes públicos”, tras una protesta contra la subida de los precios del agua y de la electricidad en un barrio obrero de Marrakech el 28 diciembre 2012.
Asimismo, indicó que siguen llegando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión, reunión y asociación en el Sáhara Occidental.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y MIGRANTES
Además, recalcó que continúa recibiendo noticias sobre tortura y otros malos tratos de personas detenidas por la policía, la gendarmería, y en prisión, como el caso de Ali Aarrass, que fue detenido en España en abril de 2008 y extraditado dos años más tarde a Marruecos, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había advertido de que podía sufrir torturas y ser sometido a un juicio sin las debidas garantías, algo que finalmente ocurrió.
Por otra parte, AI celebró la modificación, en enero de 2014, del artículo 475 del Código Penal, que permitía que los violadores eludieran el enjuiciamiento si se casaban con la víctima, pero consideró necesario modificar otros artículos para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y la discriminación.
Por último, Amnistía Internacional mostró su preocupación por el tratamiento de las autoridades marroquíes a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas subsaharianas, ya que ha recibido informes de expulsión ilegal de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados a países vecinos, denuncias de uso excesivo de la fuerza por policías que ha provocado lesiones e incluso la muerte a varios subsaharianos, así como la discriminación racial.

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