(ampliación) cataluña. El parlamento nombra un órgano de la ley de consultas pese a las suspensión del tc

El Parlamento de Cataluña nombró hoy a los miembros de la Comisión de Control prevista por la ley de consultas populares, pese a la suspensión cautelar de la norma por el Tribunal Constitucional, que la hizo expresamente extensiva a todos los actos de aplicación de la misma.
El Pleno de la Cámara aprobó primero mantener el punto en el orden del día con los 86 votos a favor de CiU, ERC, ICV y CUP, y los 24 en contra de PSC, PP y Ciutadans, cuyos diputados se ausentaron luego de la votación para elegirlos. La composición de la Comisión de Control fue aprobada por los cuatro primeros grupos, los que promueven la consulta del 9 de noviembre.
Antes tuvo lugar un bronco debate parlamentario en el que Santi Fernández, del PP y secretario de la Cámara, anunció que no firmaría el acta, y su compañero Enric Milló que impugnaría y denunciaría a la Fiscalía la creación de esta comisión.
Desde el PSC, que apoyó la Ley de Consultas, Maurici Lucena pidió la lectura en voz alta de la nota de los servicios jurídicos del Parlamento que habían solicitado por "seguridad jurídica" de los diputados, y, cuando le fue denegada por la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, solicitó dos minutos de receso para que lo hicieran los parlamentarios que lo quisieran, cosa que también se le rechazó.
Desde Ciutadans, Albert Rivera afirmó: "No podemos desarrollar una ley que está suspendida, espero que en eso estén de acuerdo". Alertó de que podrían producirse inhabilitaciones y que su grupo no iba a cruzar esa línea roja ni el acatamiento selectivo de leyes según te gusten o no, algo "muy propio de ERC", según denunció, haciendo a los dirigentes de este partido "responsables de todo lo que pueda pasar si llaman a la desobediencia".
Desde el PP, Enric Milló corroboró que, de mantenerse este punto en el orden del día, "la desobediencia es clara y puede tener efectos legales". Por su parte, Lucena lamentó que la respuesta de los servicios jurídicos no había sido un informe, sino una nota no firmada y sin conclusiones. Aun así, pidió la lectura en voz alta de la misma y explicó que, si se mantenía en el orden del día, su grupo "con el máximo respeto" no participaría.
A FAVOR
El portavoz de CiU, Jordi Turull, justificó seguir adelante con la designación parlamentaria porque éste era "un acto preparatorio", que no tiene plenos efectos porque luego se ha de aprobar el acta de nombramiento. Además, ironizó que ya estaba acostumbrado a que los diputados del PP y Ciutadans se ausentaran del Parlamento en las votaciones que no les gustan.
Desde ERC, Gemma Calvet defendió proseguir con el nombramiento de la Comisión porque el TC sólo suspendió unos artículos de la ley de consultas, no todos, y porque este órgano es el único de garantías que contempla la ley.
Además, denunció que éste es "un momento de clara irregularidad democrática", por lo que llamó a aplicar el ordenamiento jurídico "pero sin trampas", como a su juicio está haciendo el Gobierno central.
También Dolors Camach, de ICV, abogó por mantener la designación de la Comisión, para evitar que la "intencionalidad política", la "persecución legal" y la "excepcionalidad se impongan a un procedimiento democrático". A su juicio, la suspensión de la ley de consultas ha sido "una decisión política".
Más rotundo que nadie, David Fernández, de la CUP, dijo que no reconoce al TC capacidad legal, política ni moral sobre los catalanes, y se declaró desobediente e insubordinado al tribunal, al que le harán "respetar" la legalidad y la legitimidad catalana. "No aceptaremos la suspensión ni que se acate la suspensión", advirtió al Gobierno central por un lado y a la Generalitat por otro.