(ampliación) cuatro de cada diez españoles piensan que el fraude fiscal está “muy generalizado”

El 41% de los españoles considera que el fraude fiscal está “muy generalizado” y el pago de los impuestos es “muy imperfecto”, según recoge el Barómetro Fiscal de 2010 elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
Los empresarios son, según los encuestados, las personas que defraudan a Hacienda con mayor asiduidad, seguidos por los profesionales liberales y por los autónomos.
Curiosamente son los propios empresarios los que tienen la percepción de que el fraude está más generalizado, con un 47% del total. Por el contrario, son las personas inactivas las que más creen que, en general, los españoles pagan sus impuestos de forma correcta, ya que sólo un 37% cree que el fraude está generalizado.
Por su parte, el 44% de los asalariados y el 43% de los agricultores y de los profesionales creen que el impago de impuestos es frecuente.
No obstante, el porcentaje de ciudadanos que consideran que el fraude está “muy generalizado” ha disminuido durante el pasado ejercicio, al pasar de un 50% en 2009 a un 41% en 2010.
CAUSAS DEL FRAUDE
Preguntados sobre las causas que explican la generalización del fraude, el 28% apunta a la falta de honradez y conciencia cívica de los delincuentes. Por detrás, aunque a gran distancia, se sitúan los que creen que se debe a que los actuales impuestos son excesivos (19%), a que la lucha contra el fraude es ineficaz (18%), a la impunidad de los que más defraudan (15%) y a que los servicios y prestaciones que se perciben no son adecuados en relación a lo que se paga (15%).
Asimismo, el 40% de los encuestados considera que el principal efecto de este fraude fiscal es la disminución de los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales.
Por su parte, el 22% considera que se crean injusticias, ya que unos pagan lo que otros se ahorran de forma ilícita, el 15% afirma que se aumenta la presión fiscal sobre los que cumplen, y el 13% critica que se desmotiva a los que cumplen con sus impuestos.
Por el contrario, sólo el 5% cree que el fraude fiscal, en general, “no tiene efectos importantes”. En esta línea, el 63% de los ciudadanos cree que el fraude “no se puede justificar en ningún caso”, mientras que el 28% cree que “hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican un cierto fraude para salir adelante”.
Además, un 9% no sólo lo justifica, sino que asegura que el fraude es algo “consustancial en los impuestos, todos tienden a hacerlo y de este modo se consigue un cierto equilibrio”.
Por otro lado, el 57% de los encuestados cree que el cumplimiento fiscal ha empeorado en los últimos 10 años, frente al 43% que piensa que ha mejorado.
Entre los que ven una evolución positiva en el cumplimiento de estas obligaciones, el 85% lo atribuye a que la Inspección de Hacienda ha incrementado el control sobre los contribuyentes, mientras un 84% menciona las retenciones sobre el sueldo como un mecanismo que ha tenido bastante o mucha influencia.
SERVICIOS PÚBLICOS
En cuanto a la relación entre la oferta de servicios públicos y prestaciones sociales, el barómetro de 2010 muestra una utilización más intensiva de éstos, alcanzando una media de cuatro servicios públicos utilizados por parte de los hogares durante 2010.
Los más recurridos fueron los servicios sanitarios (el 93% de los ciudadanos lo utilizaron), las infraestructuras (el 89%) y los servicios de transporte público (el 80%). En un nivel intermedio se sitúan los servicios educativos (con un 56%), mientras que las prestaciones sociales se utilizan en menores porcentajes por cuanto están destinadas a colectivos específicos de la población: las pensiones de jubilación (26%), el seguro de desempleo (21%), los servicios sociales (17%) y las pensiones por enfermedad e invalidez (12%).
Además, el nivel de satisfacción de los usuarios también ha experimentado una suave mejora, que se manifiesta con mayor intensidad en relación a la infraestructuras, los servicios sociales, la sanidad, la educación y los transportes; y que es menor en el caso de las prestaciones públicas, ya sea por jubilación, enfermedad o desempleo.
El acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es el factor más valorado por los ciudadanos, que, no obstante, mantienen la percepción de que existe un cierto margen de mejora en la prestación de los servicios públicos y de que éstos se podrían gestionar mejor.
Por último, en cuanto a la valoración de los servicios de la Agencia Tributaria, el resultado es, según afirma el Ministerio de Economía y Hacienda en nota de prensa, “muy positivo”, ya que todos los servicios se califican como “buenos o muy buenos”.
De entre todos los servicios que la Agencia presta a los contribuyentes, el más valorado es la comunicación de datos fiscales, seguido del borrador de declaración de IRPF y la atención presencial en las oficinas.