(ampliación) la mitad de los parados no contacta con los servicios públicos de empleo

El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto que recoge la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que establece una serie de requisitos que deben cumplir los servicios autonómicos de empleo.
El objetivo de esta cartera es, según apuntó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, “garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo a todos los trabajadores en el ámbito nacional”.
Esta medida se incluye, junto a la estrategia de activación, en un conjunto de reformas para mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo, que hasta ahora “no ha dado resultados adecuados”.
En concreto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, apuntó que casi la mitad de los parados, el 47%, ni siquiera contacta con las oficinas del Servicio Público de Empleo, y que sólo el 30% está a la espera de una llamada.
En su opinión, esta situación refleja que hasta ahora los servicios públicos de empleo “han estado más centrados en la gestión de las prestaciones” que en la búsqueda de un trabajo para los parados.
Por esta razón, la cartera establece un “marco común” con las medidas que tienen que llevar a cabo los distintos servicios de empleo autonómicos, “sin perjuicio de que pueda ampliarse por parte de las comunidades autónomas”.
Esta cartera está integrada por cuatro grandes servicios, que incluyen el de orientación profesional, que estará encargado de la identificación de los perfiles individualizados de los trabajadores y de ofrecer asesoramiento acerca de las tendencias del mercado.
Asimismo, estas oficinas autonómicas de empleo deben ofrecer también servicios de colocación y atención, y de asesoramiento específico a empresas “para buscar el mejor encaje y enlace entre la oferta y la demanda”.
Los servicios de empleo también deberán prestar servicios de “formación y cualificación para el empleo”, que incluirá el desarrollo de la cuenta de formación asociada a la Seguridad Social en la que los trabajadores tendrán certificada toda las acciones formativas que realicen durante toda la vida laboral para “tener mayor facilidad para cambiar y mejorar el empleo o para volver al mercado de trabajo cuando estén en desempleo”.
Por último, tendrán que ofrecer asesoramiento en materia de autoempleo y emprendimiento.
“REFORMA SILENCIOSA”
En su intervención en la rueda de prensa, Báñez explicó que, con estas medidas, el Gobierno pretende que “las políticas activas sean mejores y sobre todo más eficaces”, y aseguró que se trata de “la reforma del mercado de trabajo silenciosa”.
En este sentido, afirmó que el Ejecutivo lleva trabajando en ella “desde hace mucho tiempo con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas para hacer eficaces los servicios públicos de empleo a disposición de los desempleados y para su vuelta al mercado de trabajo”.
Aseguró que esta nueva cartera de servicios ha sido “consensuada con todas las comunidades autónomas” y ofrecerá “igualdad de acceso en todo el territorio” a los servicios de las oficinas públicas de empleo, “la gratuidad de estos servicios, su orientación a resultados, la atención personalizada a los parados y la interoperabilidad de servicios y datos para su medición y valoración”.
También defendió que para el desarrollo de estos servicios el presupuesto “no va a ser un problema", y recordó que la partida destinada a políticas activas de empleo en 2015 crece un 16%, hasta 4.763 millones de euros.