(ampliación) las autonomías recibirán 17,4 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia el reparto del Fondo Extraordinario de 17,4 millones de euros para ayudar a las familias con menores a cargo y que se encuentren en una situación de pobreza material severa como consecuencia de la crisis.
De esta cantidad, 1,4 millones de euros están destinados a familias gitanas sin recursos económicos y los 16 restantes para atajar la pobreza de familias que tienen menores a su cargo.
Así lo explicó este miércoles la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, Ana Mato, en la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Los 1,4 millones destinados a familias gitanas con bajos ingresos económicos se distribuirán en función de la población que cada región tenga de esta etnia, pero los 16 restantes se dividirán según el indicador Arope, que mide internacionalmente la tasa de pobreza de los territorios.
Este último punto ha suscitado el rechazo de algunas comunidades que consideran que se penaliza a las regiones más pobladas, como por ejemplo Andalucía, según su consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
A estas críticas se sumó también la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, quien acusó al Gobierno central de hacer "un esfuerzo muy pequeño" para luchar contra la pobreza infantil, en referencia a la dotación de 17,4 millones de euros del plan contra la exclusión social de las familias con menores a su cargo, de cuyo reparto criticó además que no se tenga en cuenta la población en riesgo de exclusión de cada región española.
Por su parte, Ana Mato defendió la forma de reparto y afirmó que el indicador Arope suscitó el consenso de las propias comunidades autónomas, de ahí que se haya aplicado para la distribución.
Por ello, aseguró no entender el motivo por el que ahora algunas regiones se quejan, y criticó que se centren en discutir sobre el reparto y no en valorar que “es la primera vez que se crea un fondo económico para atajar la pobreza infantil”.
En este sentido, la ministra recordó que los años de mayor incremento de la pobreza se dieron entre 2008 y 2011 y los de mayor subida del desempleo entre 2008 y 2012.
Por otra parte, Ana Mato ha informado ante el Consejo de los anteproyectos de reforma de la legislación de protección a la infancia, presentados al Consejo de Ministros el pasado 25 de abril. “Se trata de una reforma que convierte a España en el primer país que instala en su ordenamiento la prevalecía del interés superior del menor”, explicó la ministra.
Además, el Consejo ha abordado la situación de las personas sin hogar en España. Casi 23.000 personas, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), viven sin techo en España. Por ello, el Gobierno y las comunidades han acordado crear un grupo de trabajo, que asumirá la tarea de redactar un documento conforme a unos ejes que versarán sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.
DEPENDENCIA
Por otro lado, el Consejo Territorial ha aprobado la tercera Evaluación oficial prevista en la Ley de Dependencia, correspondiente al ejercicio 2013. Entre los resultados, a fecha 31 de diciembre de 2013, la ministra destacó que hay más beneficiarios con prestación, 753.842 frente a los 738.587 de 2011. Es decir un aumento neto de 15.255 personas. El 80% de los beneficiarios con derecho a prestación ya la tienen concedida, según dijo.
Asimismo, se han incorporado al sistema nuevos beneficiarios con prestación. Un total de 224.810 desde 2011, al tiempo que, según el análisis del Gobierno y de las comunidades, hay menos personas pendientes de recibir prestación. Desde diciembre de 2011 a diciembre de 2013, la lista de espera se redujo en un 37,73%, 115.438 personas menos. “Con posterioridad a la fecha de la evaluación, la reducción ha llegado al 39,8%, la cifra más baja desde la implantación de la Ley”, avanzó Ana Mato.
Por último, la ministra informó al Consejo Territorial del proyecto de real decreto por el que se unifican los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, de modo que el documento que haya expedido el órgano competente en un municipio sea válido en todos los demás, sin excepción. “Con esta medida se cubre una reclamación histórica de los representantes de las personas con discapacidad”, concluyó Mato.