(ampliación) reforma laboral. Ccoo y ugt proponen un contrato con indemnización de 5 días por trimestre durante el primer año

Los sindicatos CCOO y UGT presentaron este miércoles sus enmiendas a la reforma laboral aprobada por el Gobierno en las que proponen un nuevo contrato que sustituya al de emprendedores, llamado indefinido de apoyo a la creación de empleo estable, y que establece una indemnización por despido durante el primer año de 5 días por trimestre trabajado.
Según explicaron en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, este contrato, que estaría dirigido a las empresas de menos de 25 trabajadores, en vez de 50 como el modelo creado por el Ejecutivo, establece un periodo de "consolidación" del empleo que será decidido por la negociación colectiva a nivel sectorial pero que será de un máximo de un año.
Durante este tiempo, y una vez transcurridos los tres meses iniciales, el empresario podrá extinguir el contrato por "falta de consolidación del empleo", siempre y cuando la medida se justifique en función de las causas "objetivas y cuantificables" que se establezcan en la negociación colectiva.
Si la negociación colectiva no ha establecido estas causas, se justificará este despido si la empresa sufre una caída de sus ingresos de al menos el 10% durante el último año.
En estos casos de despido por falta de consolidación, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 5 días por cada trimestre que haya estado trabajando en la empresa. Una vez pasado este periodo, la indemnización será la misma que el modelo de Fomento de la Contratación Indefinida, es decir, 33 días por año trabajado.
No obstante, este modelo de contrato estaría en vigor hasta el final de 2012. Antes de esa fecha el Ejecutivo, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, deberá decidir si lo prorroga.
Asimismo, los sindicatos establecen que las empresas que no consoliden el puesto de trabajo no podrán firmar un nuevo contrato de este tipo para la misma actividad hasta que haya transcurrido un año. Tampoco podrán firmar este contrato las empresas que en el último año hayan realizado despidos por causas objetivos, extinciones colectivas de empleos o bajas improcedentes.
La propuesta mantiene algunas bonificaciones del contrato previsto para el Gobierno pero las centra en los jóvenes entre 16 y 30 años y en los mayores de 45 años, en vez de en los desempleados que todavía tenga prestación por paro, como establece la reforma aprobada por el Ejecutivo. También fija bonificaciones a la contratación de mujeres en sectores en los que están subrepresentadas.
La propuesta sindical también establece que estas bonificaciones están condicionadas a que la empresa mantenga por lo menos durante 3 años al trabajador contratado.
"SIN EXCUSA"
En la presentación de estas enmiendas, los dirigentes sindicales afirmaron que con este tipo de contrato ya no tiene sentido la "excusa" de que se abarata el despido porque, aunque hay "necesidad de contratar", hay "temor" al coste posterior de rescindir los contratos.
Por otro lado, volvieron a denunciar que la reforma aprobada por el Gobierno "desprecia el diálogo social y colisiona con el acuerdo interconfederal de negociación colectiva y con el de solución autónoma de los conflictos".
En este sentido, Górriz aseveró que "por más que hemos buscado" dentro de la reforma laboral "no hemos encontrado, y lo seguimos preguntando, medidas que aseguren la creación de un empleo digno y estable". "Por el contrario, hay un montón de medidas para abaratar el despido", denunció el secretario de Acción Sindical de CCOO.
Górriz insistió en que la reforma instaura el "despido libre y gratuito" a través del nuevo contrato para emprendedores que, en su opinión, es "totalmente inconstitucional". Además, critica que la reforma da "de forma brutal un poder absoluto a los empresarios".
Por su parte, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, también puso en duda la "credibilidad" del Ejecutivo. "No puede tener credibilidad que el mismo responsable del Gobierno diga que con la reforma se habrían salvado 1 millón de empleos, y también diga que durante el próximo año se eliminarán 600.000 empleos", aseveró.
En esta línea, Ferrer advirtió a los que quieran "manipular" la supuesta llamada a la negociación que el Gobierno defiende que ha hecho a las organizaciones sindicales. En este sentido, la responsable de Empleo de CCOO, Paloma López, aseguró que el Ejecutivo no ha dado respuesta a las peticiones de negociación de los sindicatos, incluidas las dos cartas enviadas a Rajoy por los líderes de ambas organizaciones.
MÁS CAMBIOS
Las enmiendas presentadas por los sindicatos también recuperan la edad máxima de 25 años para el contrato de formación, aunque manteniendo el máximo de 30 años durante 2012.
También establecen nuevas "garantías" a las medidas de movilidad funcional y geográfica en las empresas. CCOO y UGT aseguran que estas medidas son "un buen mecanismo de flexibilidad interna" pero reclaman mayores garantías para el trabajador y la obligación de negociar con la representación sindical.
Los sindicatos reclaman que se exijan "razones de entidad" para poder justificar el descuelgue de los convenios y rechazan que se pueda dejar a la "voluntad unilateral del empresario".
Así, respaldan la necesidad de mantener la estructura de la negociación colectiva que fue acordada a principios de año por las organizaciones sindicales y empresariales, eliminando de la reforma la primacía de los acuerdos en las empresas y manteniendo la capacidad de los convenios sectoriales.
CCOO y UGT abogan por volver a establecer la necesidad de que los expedientes de regulación de empleo (ERE) tengan que ser autorizados por la autoridad laboral y exigen que se elimine el límite a la ultraactividad de los convenios, que el Gobierno fijó en dos años.
También instan a volver a generalizar la indemnización de 45 días por año trabajado en los casos de despidos improcedentes y la recuperación de los salarios de tramitación.
Por último, los sindicatos también piden que se elimine la posibilidad de despedir a los empleados públicos a través de un ERE.