La operación Edu, que investiga el presunto fraude en torno a los cursos de formación en Andalucía, necesita ser judicializada para seguir adelante. Sin embargo, no está claro qué juzgado se hará cargo de las pesquisas. Para eso y para organizar los siguientes pasos se reunirán dentro de unos días los fiscales implicados en las diligencias con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, en Madrid.
La Policía apuesta por que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo de la operación, dado que hay varias provincias implicadas y debido a que se trata de una investigación de una magnitud difícil de conocer a priori pero que sin duda tendrá enormes dimensiones. Sin embargo, otros actores implicados creen que el caso deberían llevarlo los juzgados locales coordinados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o incluso que sea la magistrada Mercedes Alaya la que se encargue, dado que hay elementos comunes entre esta investigación y la de los ERE.
El pasado miércoles, los agentes de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) entregaron a la Fiscalía de Málaga el último informe definitivo de la investigación, que agrupa todos los delitos que se imputan y señala incluso a miembros de la investigación como presuntos responsables de algunas irregularidades.
Las diligencias, en cualquier caso, pretenden ir de abajo arriba. De ahí que la Policía ya haya tomado declaración a los alumnos que asistieron a los cursos de formación presuntamente fraudulentos y a los profesores de estos seminarios, con el fin de acumular testimonios que sirvan para probar delitos. La siguiente fase de la operación Edu tendrá lugar después de que los fiscales anticorrupción implicados (Sevilla, Málaga, Granada) acuerden cuáles serán los siguientes pasos desde el punto de vista judicial.
La operación Edu investiga las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo a empresas que presuntamente no cumplían los requisitos legales. Estas ayudas económicas, procedentes en gran parte del Fondo Social Europeo, debían ir destinadas a la inserción laboral, cosa que en la mayoría de casos parece no haber ocurrido, ya que muchos de los alumnos declararon que tuvieron que encontrar trabajo por su cuenta.
Otro de los indicios que indaga la Policía es el hecho de que algunas de las empresas investigadas se constituyeron después de que se les concediera la subvención o poco tiempo después de su creación, cosa del todo irregular, ya que en es condición exigida por ley que la adjudicataria tenga experiencia en la impartición de cursos de formación con finalidad de inserción laboral.
Las irregularidades detectadas por los agentes de la UCDEF son muchas y muy variadas. Por el momento, los policías han rastreado a fondo una concesión otorgada en 2010 en la provincia de Málaga, pero ya han realizado pequeñas incursiones en otras provincias y en otros ejercicios. Su objetivo es analizar todas las adjudicaciones realizadas por la Junta en la totalidad del territorio andaluz entre 2009 y 2012.
Fuentes policiales estiman que Edu puede suponer la mayor operación contra la corrupción en España, con una cifra de dinero defraudado que superaría la de los ERE de Andalucía y que algunos medios de comunicación han situado en torno a los 2.000 millones de euros.
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