Aplazado el primer juicio de la Gürtel hasta el 11 de junio

El tribunal juzgador de la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, ha suspendido el juicio y lo retomará el 11 de junio tras solicitarlo las defensas de los 13 acusados, entre los que se encuentran dos exconselleras del equipo de Gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Las defensas han mostrado sus dudas sobre la imparcialidad del tribunal juzgador en los dos días que se han destinado a cuestiones previas -ayer y hoy-, y una de las partes ha recusado al magistrado Juan Climent por haber pertenecido al gobierno socialista en la etapa de Joan Lerma.

Las acusaciones -Fiscalía y Partido Socialista del País Valenciano- han defendido, por contra, que el tribunal no está contaminado, y en concreto la acusación popular -los socialistas- ha detallado que Climent entró al gobierno de la mano de Rafael Blasco -en su última etapa pública fue conseller del PP- y ha alegado que no coincidió en el tiempo con el secretario general del PSPV, Ximo Puig.

El tribunal se ha retirado para deliberar sobre estas cuestiones, y finalmente ha acordado suspender el juicio y retomarlo el 11 de junio. Así, da más tiempo a las partes para estudiar la documentación del caso y garantizar el máximo derecho de defensa.Maniobras dilatorias

Poco antes la Fiscalía Anticorrupciónhabía acusado a lasdefensas de intentar una "auténtica maniobra dilatoria" al solicitar la suspensión del juicio y mantuvo que éste debía celebrarse, tal y como había ordenado el Tribunal Supremo (TS). También subrayó la imparcialidad del tribunal juzgador, y ha dicho: "No hay ninguna duda de que los magistrados van a ejercer su función con claro respeto al ordenamiento jurídico".

Así se pronunció una de las fiscales encargadas del caso, Ana Cuenca, en su turno de intervención en la segunda sesión del juicio de esta pieza 3 del caso Gürtel.

La fiscal indicó que las cuestiones previas presentadas por los abogados de los acusados, "con absoluto respeto hacia el derecho de defensa", vislumbran "una auténtica maniobra dilatoria" y un "fraude procesal". Aseveró que el juicio debía celebrarse, tras ordenarlo el TS en la resolución en la que determinó que la competencia para el enjuiciamiento de esta pieza era el tribunal valenciano.

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El TS dijo "de forma clara" -agregó- que este juicio "debía de señalarse sin demora". "El TS dice que hay que evitar que se produzcan dilaciones indebidas en este procedimiento. Esto solo puede materializarse si se celebra el juicio, con todo el respeto a los derechos fundamentales, y con absoluto respeto a la legalidad y a la imparcialidad", apostilló.

También ha advertido de que va a poner a disposición de la Sala "todas las circunstancias que concurran", bien sean favorables y desfavorables, "para defender la legalidad con absoluta imparcialidad". "Si a lo largo del juicio -ha dicho- observamos que hay que hacer modificaciones favorables para los acusados, las realizaremos. Porque es nuestra función en base al ordenamiento jurídico y la Constitución".

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Por otra parte, la fiscal se refirió a las acusaciones de contaminación del tribunal juzgador esgrimidas ayer por las defensas. Al respecto, ha señalado que la imparcialidad de la Sala "está fuera de toda duda, refrendada por sentencia del TS", al tiempo que ha aclarado que estamos ante "un juicio penal, no político": "No nos corresponde valorar cuestiones políticas", ha incidido.

En esta línea, indicó que "en sede judicial, todos vamos a hacer nuestro trabajo penalmente, y eso es lo que se va a enjuiciar aquí, hechos penales. En ningún momento hechos políticos, porque no corresponde a esta Sala ni a ninguna de las partes".

Pero finalmente los argumentos de la Fiscalía no consiguieron su objetivo y el juicio quedó suspendido hasta dentro de tres meses.