El juez archiva la causa contra la concejal de Participa Cristina Honorato por ocupar un banco

EUROPA PRESS
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El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha archivado la causa abierta contra la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato y otras once personas por la ocupación protagonizada el 11 de noviembre de 2015 en la sucursal del banco Santander de la calle Campana, dentro de las protestas promovidas por las personas acampadas en Coria del Río en demanda de la reestructuración de sus hipotecas y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En un auto fechado el día 30 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez toma esta decisión a petición de la Fiscalía de Sevilla, que, en un escrito elevado al Juzgado, entiende que "no han quedado suficientemente acreditados los elementos típicos" de los delitos de desórdenes públicos y desobediencia por los que el instructor procesó a Cristina Honorato y el resto de investigados el pasado 27 de junio.

"Es procedente acceder a tal solicitud tal y como establece el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de conformidad con las exigencias del principio acusatorio al tratarse el Ministerio Fiscal de la única parte acusadora personada en la presente causa", argumenta el juez en el auto, por lo que acuerda el archivo provisional de la causa y le da traslado de la resolución a la entidad Banco Santander.

El juez establece que, una vez firme la presente resolución, se proceda al archivo definitivo de las actuaciones.

En un auto dictado el 27 de junio, el juez procesó a Honorato y otras once personas por presuntos delitos de desórdenes públicos y de desobediencia, dando traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, solicitasen la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o, de manera excepcional, la práctica de diligencias complementarias "indispensables" para formular la acusación.

Tras ello, y en un escrito fechado el 17 de noviembre, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de las actuaciones, al amparo de lo establecido en los artículos 782 y 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por entender que "no han quedado suficientemente acreditados los elementos típicos de los delitos" de desórdenes públicos y de desobediencia que se investigaban.

EXPRESIONES "INJURIOSAS" E "INTIMIDATORIAS" DE LOS PROCESADOS

Según exponía el juez en el auto de procesamiento, los imputados "alteraron la actividad normal de la sucursal, impidiendo el ejercicio de la ordinaria actuación de los trabajadores del banco, dirigiendo a los mismos expresiones injuriosas o intimidatorias, así como obstaculizando el acceso y libre ejercicio de las operaciones de los clientes en el interior del establecimiento".

Asimismo, el instructor aseveraba que los investigados se habrían negado a "desalojar la oficina tanto antes como después de terminar su horario de atención al público, pese a los requerimientos a tal efecto realizados tanto por agentes de seguridad privada debidamente acreditados como por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se vieron obligados a intervenir ante la actuación intimidatoria realizada".

De este modo, y una vez finalizado el horario de atención al público de la sucursal, "continuaba la ocupación de la misma, hasta que tuvieron que ser desalojados forzosamente por la fuerza policial".

Asimismo, añadía que, tras acceder a la sucursal bancaria, algunos de los investigados se despojaron de sus prendas superiores, "quedándose vestidos con una camiseta de color verde con la leyenda 'Stop desahucios o PAH' (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)".

PEGATINAS Y CARTELES

Una vez dentro de la oficina, y según señalaba el instructor, los procesados "comenzaron a coger los folletos informativos del banco Santander, rompiéndolos y tirándolos por el suelo de la oficina, al tiempo que comenzaron a colocar algunas pegatinas y carteles" de 'Stop desahucios' y 'PAH' por diferentes zonas del establecimiento, mientras que "también procedieron a coger los bolígrafos de encima de las mesas de trabajo de algunos de los empleados".

El juez manifestaba que, seguidamente "y de forma intermitente", varias de los investigados "formaron una cola ante la ventanilla de la caja de atención al cliente, para realizar ingresos en efectivo por importes mínimos, de uno o dos céntimos de euro, con la intención de impedir el normal funcionamiento de la sucursal bancaria, obstaculizando la atención a sus clientes; de modo que numerosos clientes abandonaron la oficina, tanto por este motivo como por el propio desorden existente en el interior".

Durante la ocupación de la sucursal, y según recogía el auto, los imputados "lanzaron proclamas y cánticos" contra el banco, como "aquí esta la cueva de Alí Babá", "ladrones, chorizos", "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", usando para ello un dispositivo de megafonía, a lo que se suma que profirieron insultos y reproches a algunos de los empleados "con gestos soeces" y expresiones como "no os da vergüenza trabajar para un banco así", "qué bajos caéis por un sueldo", "sois tan rateros como el banco" o "sois igual de chorizos".

Según indicaba el instructor, los investigados hicieron "caso omiso" a los requerimientos del subdirector de la oficina y del vigilante de seguridad para que cesaran en su actitud, "perturbadora del normal funcionamiento" de la sucursal.

Y es que el juez consideraba que los imputados "mantuvieron una constante actitud de acoso, hostigamiento y provocación hacia el vigilante de seguridad, con aproximación física al mismo, rodeándolo en muchas ocasiones, para entorpecer sus movimiento o buscando un enfrentamiento o reacción violenta, la cual no llegó a producirse por mantener la calma el vigilante a pesar de la tensa situación existente".

DESALOJO "FORZOSO" Y DETENCIÓN

Asimismo, y cuando sobre las 14,30 horas, hora de cierre de la sucursal, fueron requeridos para que abandonasen la oficina, los investigados "se negaron a salir y procedieron a sentarse en el suelo formando un círculo, para comenzar seguidamente a comer, dejando los desperdicios y las basuras tiradas en el suelo".

Finalmente, entraron varios agentes de la Policía Nacional uniformados y, tras requerirles para que abandonasen la oficina, "obtuvieron la misma negativa por parte de los investigados", por lo que tuvieron que llevar a cabo el "desalojo forzoso" de la sucursal y detuvieron a los imputados.

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