Archivada la causa contra el empresario Lluís Casamitjana por caso 'Pretoria'

Barcelona, 16 abr.- La Audiencia Nacional ha archivado la causa que el juez Baltasar Garzón abrió contra el empresario catalán Lluís Casamitjana, presidente de la inmobiliaria Espais, por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística 'Pretoria'.

Lluís Casamitjana fue imputado, junto a una veintena de políticos y empresarios, por su supuesta vinculación con el caso 'Pretoria', que afectó a varios ayuntamientos barceloneses y que lideró el exdiputado del PSC Luis García.

Casamitjana fue acusado por el juez Baltasar Garzón, instructor inicial del caso, a quien posteriormente sustituyó el magistrado Pablo Ruz, de los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y defraudación a la Hacienda Pública.

En concreto, Garzón acusó al empresario catalán de tener dinero en Andorra que no habría declarado a Hacienda y cuya procedencia sería de las "ilícitas actividades empresariales" a las que al parecer se dedicaba.

Sin embargo, el auto de Pablo Ruz, titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, señala que el dinero depositado en AndBanc -unos 200.000 euros- no guarda relación con la causa y que las cantidades de dinero "no darían lugar a cuotas a pagar a la Hacienda Pública que pudieran superar el umbral previsto en el artículo 305 del Código Penal".

"En consecuencia, por este delito, procedería a acceder al sobreseimiento y archivo pretendidos", subraya el juez, que archiva asimismo la causa abierta por delito de blanqueo de capitales, ya que se fundamentaba en la supuesta existencia del delito anterior.

El magistrado entiende también que no hay datos suficientes que demuestren que Lluís Casamitjana pudo, gracias al pago de comisiones, haber conseguido un trato favorable de la administración a sus intereses.

En cuanto a la acusación de tráfico de influencias, el juez considera, una vez visto el contenido de las conversaciones con dos de los otros imputados, los exaltos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y distintos responsables de la administración catalana, que el empresario no pudo ejercer una influencia "decisiva", sino "difusa" y poco relevante.

Por todo ello, el juez estima que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que procede a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares personales adoptadas en 2009.