Argentina acusa a Uruguay de "permanente obstrucción" en controles planta UPM

Buenos Aires, 5 sep.- Argentina acusó hoy a Uruguay de ejercer una "permanente obstrucción" a los controles sobre la planta de la firma finlandesa UPM (exBotnia), a la que también culpó de obstaculizar la supervisión y de alcanzar una producción anual de celulosa por encima de lo permitido, informaron fuentes oficiales.

El Gobierno de Cristina Fernández advirtió sobre los desacuerdos con Uruguay en torno a los controles a la fábrica, los cuales, según argumentó, impidieron hasta ahora a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundir información sobre el monitoreo, precisó un comunicado de la Cancillería argentina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores difundió un informe de la delegación argentina de la CARU después de que Montevideo insistiera hoy en la "necesidad" de hacer públicos los informes técnicos sobre la planta, ubicada sobre el limítrofe río Uruguay y cuya instalación causó años atrás un severo conflicto bilateral.

Los desacuerdos están relacionados con las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, la "carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos" en los controles e "inconsistencias en los informes producidos" por el laboratorio canadiense AGAT, seleccionado para analizar la mayoría de las muestras sobre el estado del río.

Los monitoreos se realizan de manera conjunta en la planta, ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos y frente a las costas de la ciudad argentina de Gualeguychú (provincia de Entre Ríos), a partir de un acuerdo bilateral sellado en 2010 para saldar el conflicto que había motivado la instalación de la fábrica.

"A través de una serie de inacciones, omisiones e indefiniciones por parte de la delegación uruguaya ante la CARU y de sus integrantes ante el comité científico de la comisión se impide que puedan implementarse y completarse los planes de monitoreo acordados", postuló la Cancillería.

Argentina cuestionó hoy varias acciones de Uruguay en los controles, como la decisión del país vecino de permitirle a la fábrica aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al río.

Buenos Aires consideró esa resolución "contraria" al estatuto que rige al cauce ya que, aseguró, ocasionará "consecuencias nocivas" en las "condiciones naturales" del río.

"Hasta el día de la fecha, no contando el comité científico con una normativa acordada en materia de temperatura de vuelco (de efluentes), se ve imposibilitado de generar un informe completo de los resultados de los análisis y mediciones realizadas", apuntó el comunicado.

La Cancillería también recordó que en uno de los ingresos de control del Comité Científico se verificó que la cantidad de fósforo que vuelca UPM "superó el valor máximo permitido por la normativa uruguaya".

Argentina también alertó sobre supuestos "funcionamientos irregulares en la planta" y lamentó la falta "de rigor científico y técnico" del informe que la Dirección de Medio Ambiente de Uruguay hizo después de que el año pasado algunos barrios uruguayos fueran afectados por un exceso en los efluentes de dióxido de azufre de la planta, aparentemente debido a defectos en las calderas.

La Cancillería argentina dijo además haber detectado el año pasado que en una pileta de UPM se volcaba "gran cantidad" de líquido a la costa del río, "sin ningún tipo de tratamiento previo" y con "altos índices de PH".

También señaló que la CARU verificó que se estaba volcando al cauce "elementos de dimensiones mayores a las permitidas", mientras que en un control realizado en marzo pasado se observó el "ingreso de líquido con alta turbidez" a una pileta de la fábrica.

Acusó además a la Dirección de Medio Ambiente de Uruguay de dilatar "la concreción de un protocolo conjunto" para mediciones "in situ" y de la negativa del organismo a "permitir el acceso a determinados sectores de la planta".

Argentina también afirmó que la empresa aumentó su producción de celulosa por encima del millón de toneladas anual permitido por Uruguay, que negó dicho incremento, según la nota oficial.

Posteriormente, UPM solicitó ampliar su producción de pasta de celulosa, pedido rechazado por Argentina, en desacuerdo con Uruguay.

El conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de UPM derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y motivó que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú bloqueara durante tres años el principal puente entre ambos países como forma de protesta.