Buenos Aires, 18 sep.- Argentina aseguró hoy que aún no se ha presentado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) el informe científico sobre las condiciones ambientales en la planta papelera de la finlandesa UPM (antes llamada Botnia) en Uruguay.
De este modo, Argentina desmintió una información publicada hoy por el diario uruguayo El País, que afirmó que Buenos Aires se negaba a hacer público un supuesto informe sobre las condiciones de la planta, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a las costas argentinas.
El titular de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, dijo en un comunicado que "no ha ingresado a la CARU ningún Informe del Comité Científico del Monitoreo de la planta de UPM ex Botnia".
"Cuando ingrese alguno promoveremos que la CARU dé cumplimiento a su difusión a través de la página web de la Comisión", añade el breve comunicado.
Según dijo al diario El País el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silbermann, los argentinos "no aceptan" la petición de Montevideo de dar a conocer los resultados de las muestras tomadas en UPM y en el río Gualeguachú, afluente del Uruguay en la provincia argentina de Entre Ríos, disponibles desde agosto pasado.
El País dijo que Silbermann no informó sobre los motivos por los que la delegación argentina en la comisión bilateral no quiere difundir los resultados.
El pasado 20 de agosto una filtración al diario El País del primer análisis bilateral de la planta de celulosa apuntó que sus vertidos a las aguas del río Uruguay se mantienen dentro de lo permitido, mientras que los que proceden de Argentina presentan parámetros contaminantes.
Esta filtración señalaba que los análisis realizados en Canadá para determinar el nivel de contaminación de la polémica planta apuntaron a que la empresa no contamina las aguas del río fronterizo, mientras que su afluente el río Gualeguaychú, adonde van a parar los residuos del Parque Industrial de la ciudad argentina homónima, superan "levemente" los límites legales.
La instalación de la planta papelera de UPM, antes de propiedad de la empresa finlandesa Botnia, en el río fronterizo entre ambos países, desató la mayor crisis en décadas entre Uruguay y Argentina.
En protesta por su puesta en funcionamiento, grupos de ecologistas de la ciudad de Gualeguaychú iniciaron un bloqueo del principal paso fronterizo entre los dos países que se prolongó durante más de tres años, mientras que Argentina presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El tribunal internacional emitió un veredicto en 2010 en el que señalaba que si bien Uruguay había incumplido parte de los acuerdos con Argentina al no consultar la instalación de la planta, que supuso la mayor inversión en la historia del país con 1.800 millones de dólares, no se podía pedir su desmantelamiento porque no estaba probado que contaminara.
Poco después de conocerse ese veredicto ambos gobiernos acordaron desarrollar un plan para controlar la situación ambiental en la región y dentro de la planta de celulosa, que incluía la visita de técnicos y científicos de ambos países para tomar muestras.
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