Buenos Aires.- La Justicia argentina libró dos exhortos a Estados Unidos y uno a Uruguay para solicitar información sobre el contrato de alquiler del avión de una empresa argentina de transporte sanitario en el que fueron decomisados el pasado enero en España 944 kilos de cocaína, informaron hoy fuentes judiciales.
La Justicia en lo Penal Económico pidió información a Miami sobre dos empresas vinculadas con el contrato de "leasing" (alquiler con opción de compra) de la nave y a Chicago por dos cuentas bancarias vinculadas a uno de los detenidos, Gustavo Juliá, dueño de la firma de transporte médico, y desde la que se habrían realizado algunos de los pagos del alquiler, señaló el Centro de Información Judicial.
También solicitó a Uruguay datos sobre una empresa que habría cancelado algunas de las cuotas del contrato.
La Justicia argentina investiga si la droga que llegó a España en el avión de la empresa Medical Jet fue cargada en el aeródromo de la localidad bonaerense de Morón, desde donde la aeronave partió el pasado 1 de enero.
El avión fue trasladado desde allí hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de la capital argentina, de donde despegó rumbo a Barcelona, con una escala en Cabo Verde.
La droga fue decomisada el 2 de enero en el aeropuerto catalán de El Prat, donde fueron detenidos los argentinos Matías Miret, copiloto, y los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, piloto y dueño de Medical Jet, respectivamente.
Eduardo y Gustavo Juliá son hijos del fallecido brigadier retirado José Juliá, quien fue jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), mientras que Matías Miret es hijo del brigadier José Miret, que fue secretario de Planeamiento durante la última dictadura argentina (1976-1983).
Gustavo Juliá afrontó denuncias en 2003 por presuntas irregularidades en su función como gerente económico-financiero del Pami, la obra social estatal que presta servicios médicos a los jubilados.
La Justicia argentina ha tomado ya declaración a varios miembros de la Administración Nacional de Aviación Civil y de la Fuerza Aérea Argentina.
El jefe militar de la base de Morón, el comodoro Jorge Ayerdi, fue relevado de su cargo el pasado 21 de enero tras declarar ante el juez.
Una semana después, el Gobierno argentino aprobó un nuevo protocolo para reforzar los controles a aeronaves y aeropuertos en vuelos comerciales no regulares y de aviación general, principalmente los privados y los denominados "taxis aéreos".
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, admitió a fines de enero que los "últimos datos" hacían pensar "cada vez más que la droga pudo haber sido cargada" en Argentina.
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