Madrid, 12 dic.- La tramitación del proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales ha arrancado hoy en el pleno del Congreso con el debate de las enmiendas a la totalidad de la Izquierda Plural y el PNV, que han tildado el texto de "recentralizador" y "paternalista" respectivamente.
Según el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ésta es la "tercera pieza" de la nueva legislación sobre política exterior, junto con la Ley de Acción Exterior que se debate en el Senado y la Ley de Inmunidades que prepara para la próxima primavera.
Margallo ha explicado que la Ley de Tratados viene a sustituir a un decreto de 1972 que se había quedado "obsoleto", tanto por lo que han cambiado desde entonces las relaciones internacionales, como por la creación del Estado de las Autonomías.
También ha recordado que ha habido cuatro intentos fallidos de gobiernos anteriores de distinto signo político -UCD, PSOE y PP- por aprobar una ley de estas características, en 1979, 1985, 1999 y 2011, y ha dicho que espera que "a la quinta vaya la vencida".
El ministro ha defendido que se trata de una ley "moderna", "flexible" y "escrupulosamente respetuosa" con el reparto de competencias fijado en la Constitución y la jurisprudencia.
La norma regula y ordena la actividad del Estado en el proceso de de celebración y aplicación de los acuerdos internacionales, distinguiendo tres tipos de instrumentos: los tratados internacionales -reservados al Estado-, los acuerdos internacionales administrativos -que pueden ser celebrados por comunidades autónomas- y los acuerdos internacionales no normativos -declaraciones de intenciones que pueden ser suscritos por gobiernos, ministerios, comunidades, entes locales, universidades, etc-.
La ley concreta las competencias del Consejo de Ministros y de los distintos ministerios y crea una comisión interministerial para facilitar la coordinación en la materia y también la cooperación con las comunidades.
En el ámbito de las comunidades autónomas, prevé expresamente que éstas podrán participar en el proceso de celebración de tratados que les afecten y que puedan celebrar 'per se' acuerdos administrativos y no normativos.
Para las comunidades la ley establece además el derecho a ser informadas de tratados que afecten a sus competencias, el derecho a proponer al Gobierno tratados sobre materias en las que acrediten interés y el derecho a solicitar su participación en la delegación que negociará un tratado.
El ministro ha sostenido que, por tanto, la ley "no restringe derechos de las comunidades autónomas", sino que "los respeta en su integridad", aunque ha advertido de que para garantizar que las comunidades "no encubran un tratado" detrás de otro tipo de acuerdo se establece que habrá un "informe jurídico" del ministerio.
"Esa calificación pretende que los acuerdos sean eso y que no metan por la puerta de atrás tratados cuya competencia exclusiva corresponde al Estado", ha subrayado.
El diputado de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) Joan Josep Nuet ha pedido la devolución del proyecto porque "profundiza en el modelo recentralizador del PP" y ha reivindicado la voluntad de su grupo de "encabezar una política exterior alternativa" en España.
Nuet ha criticado que el texto convierta al Congreso y al Senado en "actores ausentes" de la política exterior y que sea "más monárquico que el propio Rey de España".
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el proyecto está "trufado de sentido paternalista", aunque ha reconocido que sus "pegas" son "solucionables" y que su enmienda a la totalidad es una "llamada de atención" para que no se repita con esta ley la "desastrosa" y "kafkiana" tramitación de la Ley de Acción Exterior.
Para el PSOE se trata de una ley "muy importante", que es "alter ego" de la Ley de Acción exterior, que "tiene que servir a otros gobiernos" y que requiere de un "alto consenso", por eso el socialista Diego López Garrido ha pedido "sosiego" y "generosidad para el consenso" durante su tramitación.
López Garrido ha considerado que la ley tiene "errores serios" y que no sirve para cumplir los objetivos a los que está llamada, y ha avanzado que algunas de sus enmienda parciales se dirigirán a fortalecer el papel del Parlamento.
Antoni Picó (CiU) ha defendido la competencia de la Generalitat para impulsar la proyección exterior de Cataluña y ha hecho hincapié en que su "línea roja" en la tramitación de esta ley será el "pleno respeto al marco competencial previsto en la Constitución y el pleno desarrollo de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía en materia de acción exterior".
Irene Lozano (UPyD) ha criticado que "una vez más la tramitación de una ley empiece con la connivencia del Gobierno del PP con los nacionalistas" y ha arremetido contra la "redacción lamentable" y el "estilo farragoso, confuso y opaco" del texto.
En nombre del PP, María Aránzazu Miguélez ha mostrado su desacuerdo con que el las Cortes queden "relegadas" en este proyecto y con que el Estado se quiera "inmiscuir" en las competencia de las comunidades autónomas y ha instado a todos a "trabajar en un ambiente constructivo".EFE
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