Manila.- La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, se preparó hoy para ceder el cargo a su sucesor electo, Benigno Aquino, tras más de nueve años de ejercicio del poder en el que se consolidó pese a las intentonas golpistas y la corrupción.
En cada uno de los actos de despedida, Arroyo aprovechó para hacer hincapié en que su mandato, la economía del país ha registrado un crecimiento promedio del 4,5 por ciento, con un tope del 7 por ciento en 2007, el mayor aumento en tres décadas.
Sin embargo, ese aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en Filipinas, que de ser uno el país más avanzado del sudeste de Asia ha pasado a convertirse en uno de los la cola, apenas ha reportado beneficios a las clases más desfavorecidas e incrementado el enorme desequilibrio entre ricos y pobres, según el Banco Mundial (BM)
Las buenas cifras de crecimiento resultan engañosas porque se mantienen en buena medida gracias a unos once millones de filipinos que han emigrado ante la falta de oportunidades en su país, y cuyas remesas representan más del 10 por ciento del PIB.
Durante el mandato de Arroyo, ha crecido el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza mientras que el 25 por ciento de los 93 millones de habitantes del país pasan hambre, según los informes de Naciones Unidas.
Muchos filipinos achacan ese desequilibrio económico al lastre de la corrupción, una de las grandes lacras del mandato de Arroyo, que ha demostrado su habilidad para sortear los escándalos y diluirlos hasta conseguir relegarlos al olvido en un país casi acostumbrado a la avaricia de lo más poderosos.
El caso más sonado fue la firma de un contrato multimillonario de su Gobierno con una compañía china de telecomunicaciones, pese a que existían indicios de corrupción, un escándalo que sacó a miles de personas a la calle exigiendo su dimisión porque en el caso figuró su marido, José Miguel Arroyo, como uno de los implicados.
La mandataria también salió airosa cuando en 2004 fue acusada de manipular el resultado de las elecciones presidenciales mediante unas grabaciones telefónicas que la inculpaban y el testimonio de dos personas que aseguraron haber participado en el fraude.
Aquel escándalo motivó la dimisión de varios miembros de su Gobierno y dos mociones de censura que se estrellaron en el Congreso y Senado, que la presidenta consiguió controlar mediante alianzas y favores, y que rechazaron otras dos mociones en años posteriores.
Los casos de corrupción también enturbiaron la atmósfera política y sirvieron de excusa en las tres intentonas golpistas llevadas a cabo por oficiales del Ejército entre 2003 y 2007.
Otro legado de la presidencia de Arroyo es el retroceso del país en los Derechos Humanos, y sobre todo el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de activistas de izquierdas denunciadas en reiteradas ocasiones por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales.
"Vamos a presentar contra Arroyo denuncias por casos de saqueo y violación de los derechos humanos en cuanto expiré su mandato, el día 30 de junio", dijo Jules Garcia, portavoz de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo.
Las investigaciones realizadas durante estos últimos años por Naciones Unidas y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos atribuyen las ejecuciones a militares y destacan que el Gobierno de Arroyo ha prestado escaso interés en poner fin al goteo de asesinatos.
A unas horas de la ceremonia de investidura, el presidente electo Benigno Aquino, aseguró que creará una "comisión de la verdad" para investigar las supuestas irregularidades cometidas por Arroyo desde que en enero 2001 impulsada por la revuelta popular contra su antecesor, Joseph Estrada, a quien indultó tras haber sido condenado a cadena perpetua por el saqueo de las arcas del Estado.
Aquino no fijo ningún plazo a la comisión para realizar esa investigación a Arroyo y su esfera de allegados, aunque recalcó que en cuanto dispongan de suficientes pruebas suficientes presentarán las acusaciones.
Con 63 años, Arroyo no dirá adiós a la política, pues se sentará en el escaño del Congreso que ganó en las elecciones del pasado 10 de mayo por Pampanga, a la que solía ir a descansar tras sus viajes oficiales al extranjero, que han supuesto para el país un desembolso de 2.800 millones de pesos (60,4 millones de dólares, 49,5 millones de euros).
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