Madrid, 24 nov.- Las víctimas de violencia machista son especialmente vulnerables, sobre todo a causa de la crisis, al tener muchas de ellas una situación económica precaria, por lo que, según las asociaciones de mujeres, la ley de tasas dificultará que se divorcien de sus agresores, si tienen que pagar por ello.
La Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Mujeres Juristas Themis consideran, en declaraciones a Efe y la víspera de la conmemoración de mañana del Día Internacional contra la Violencia de Género, que la ley de tasas es un "despropósito" para estas mujeres.
Las tres asociaciones coinciden en destacar que la ley, que no será efectiva hasta que estén listos los impresos de autoliquidación, obliga a pagar a las mujeres si quieren romper todos los vínculos con su agresor a través de la demanda de divorcio o separación.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, aseguró ayer que los procedimientos penales están exentos de la aplicación de esta ley, lo que incluye a los casos de violencia de género, y no se introduce ninguna tasa para éstos.
En los casos de separación y divorcio, al tramitarse por la vía civil, sí que habrá que pagar una tasa, pero, según Moreno, cuando una mujer maltratada presente una demanda de estas características contra su agresor, tenga menores a su cargo y solicite una pensión alimenticia, tampoco tendrá que abonar nada.
Las mujeres cuyos ingresos sean inferiores en dos veces al salario mínimo interprofesional pagarán las tasas con cargo al caudal común del matrimonio o al cónyuge, explicó el secretario de Estado.
Sin embargo, la presidenta de Themis, Ángela Cerrillos, sostiene que el hecho de introducir una tasa en estos procesos "supone una posibilidad real de hacer mucho más difícil el acceso a la justicia" de estas mujeres.
Asegura que tendrán que abonar como mínimo 300 euros para presentar la demanda de separación o divorcio, cantidad a la que se sumaría el 0,5 por ciento de lo que se solicite, y además, si se recurre la resolución judicial dictada, serán 800 euros más el 0,5 por ciento anterior.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, apunta que es muy difícil que este tipo de demandas terminen en la primera instancia, sino que casi siempre se recurre o bien porque la pensión fijada por el juez es muy pequeña, o porque el agresor recurre y es la mujer la que se tiene que oponer al recurso.
"Las mujeres cobran menos y trabajan a tiempo parcial y piden excedencias para cuidar de los hijos y, si encima son maltratadas, la situación es mucho peor, ya que no podrán afrontar el pago", ha opinado Besteiro.
A su juicio, las mujeres maltratadas también tendrán que pagar si reclaman una revisión de las medidas acordadas en el proceso o en la regulación del régimen de custodia de los hijos.
En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, quien ha calificado de "contrasentido" que por un lado el Gobierno haga pagar tasas judiciales y, por otro, anime a las mujeres a romper con su agresor.
"El Gobierno ha presentado una campaña de sensibilización que anima a las mujeres a tomar la puerta de salida al maltrato y cuando llegan a la puerta se encuentran con la tapia de una casa", señala Soleto en relación a la iniciativa contra el maltrato que presentó el pasado jueves la ministra de Sanidad, Ana Mato, y que tiene como lema "Hay salida".
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