Baja participación en el referéndum irlandés sobre la protección del menor

Dublín, 11 nov.- El recuento de sufragios del referéndum irlandés sobre la reforma de su Constitución, que pretende reforzar la protección del menor, comenzó hoy a las 09.00 GMT después de una jornada de votación marcada por la baja participación.

Aunque la abstención podría beneficiar ligeramente a los partidarios del "no", el Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael y los laboristas confía en un resultado positivo, el cual se espera conocer a primera hora de la tarde.

Al cierre de los centros electorales este sábado, tras 13 horas de votación, las primeras estimaciones sugerían que la afluencia a las urnas en la consulta se situó en torno al 30 % de un censo de poco más de tres millones de irlandeses, según la televisión pública RTE.

Una precampaña de bajo perfil sobre un asunto en el que estaban de acuerdo todos los partidos políticos y las principales organizaciones no gubernamentales no ha logrado motivar al electorado ni informarlo adecuadamente.

Tres días antes de la votación, el Tribunal Supremo de Dublín calificó de "anticonstitucional" la actuación del Gobierno durante la precampaña al indicar que "actuó de forma ilegal" por usar dinero público, algo más de un millón de euros, para producir un folleto informativo que no era "justo, equitativo o imparcial".

En un país donde durante décadas ha habido miles de abusos de menores en instituciones religiosas y públicas, la propuesta del Ejecutivo de Dublín pretende, entre otras cuestiones, obligar a las autoridades a investigar casos de maltratos.

Durante la campaña, el Ejecutivo de Dublín ha destacado que la inclusión en la Carta Magna de una mención específica a los "derechos del menor" tiene como objetivo "proteger a los niños más vulnerables de abusos y abandono", sin que ello represente una "amenaza para las familias o los padres".

Por contra, los detractores han advertido de que el "verdadero objetivo" del Gobierno es "eliminar los derechos constitucionales reales del menor, de los padres y de las familias".

Según una de sus cabezas visibles, la exdiputada europea Kathy Sinnott, la nueva legislación servirá para "blindar" al Estado y "eximirle" de responsabilidades "penales y económicas" cuando sea denunciado ante la Justicia por "negligencias pasadas, presentes o futuras".