La propuesta ha sido presentada por la CUP y se ha aprobado con los votos favorables también del Gobierno de BComú, de ERC y del PSC, mientras que CiU, C's y PP han votado en contra, en una comisión a la que han asistido familiares de los afectados.
El concejal de la CUP Josep Garganté ha explicado que los cuatro jóvenes fueron detenidos cuando volvían de la manifestación y fueron arrestados "dos días, y se afectó a su integrad física, y al salir, se querellaron contra los Mossos", ha asegurado el edil, que considera que la acusación del Govern respondió a esta querella.
El tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, ha calificado de "anomalía" que las administraciones se personen en acusaciones particulares, y ha destacado que en etapas anteriores de la Generalitat no se hacía, y ha puesto como ejemplo la etapa del expresidente y también exalcalde Pascual Maragall.
Garganté ha recordado que el Ayuntamiento se retiró como acusación en el caso, y el edil republicano Jordi Coronas ha declarado que "la acusación particular pertenece a la Fiscalía", aunque vería lógico que la Generalitat pidiera una indemnización al final del proceso, en caso de ser condenados.
La socialista Carmen Andrés ha votado a favor recordando que en el Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) --de donde son dos de los cuatro jóvenes-- el PSC apoyó una medida idéntica.
VOTOS EN CONTRA
El portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn, ha defendido su voto contrario "por coherencia política", ya su grupo se opuso a la retirada del Ayuntamiento del caso cuando lo anunció el Gobierno de Colau el pasado verano.
Desde C's, su portavoz municipal, Paco Sierra, ha pedido a la CUP proponerlo directamente en la Generalitat, ya que "son únicos socios de JxSí".
El líder municipal del PP, Alberto Fernández, ha dicho que es "incoherente" que la CUP lo presente en el Ayuntamiento en lugar de en la Generalitat, en la que cree que deberían usar su influencia en el Govern para lograrlo.
El Govern mantiene la acusación particular en el caso Can Vies, tras manifestar su retirada en siete causas contra activistas y antisistema, tal como anunció la consellera de Presidencia, Neus Munté, que aseguró a inicios de este año que no se retirarían del caso.
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